El último aumento en jubilaciones que anunció el Gobierno podría generar reclamos judiciales expresó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien además negó que la Casa Rosada haya hecho un «ajuste» en los haberes para los adultos mayores.
«Claramente no es un ajuste. La gente olvida que el país está en emergencia. Hemos encontrado al país en una situación lamentable, con problemas de recursos financieros. Todos los indicadores están mal», expresó Moroni.
En este sentido, el funcionario indicó en declaraciones a Radio Continental que «lo que hicimos con las jubilaciones es lo que habíamos dicho: fortalecer el carácter solidario y redistributivo, apuntando a los sectores más postergados».
Además, subrayó que con el incremento que estableció el Poder Ejecutivo, «el 75% de los jubilados van a cobrar más que si hubiésemos mantenido la fórmula de movilidad. Por eso, la verdad, no entiendo cuando hablan de ajuste, porque lejos de eso, el gasto ha sido superar».
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«Nosotros buscamos redistribuir los ingresos a los sectores de más bajos recursos, por seis meses, hasta junio, cuando va a haber una fórmula de movilidad bien hecha, no como la anterior. Estamos haciendo lo mejor que podemos dentro de las posibilidades que tenemos», enfatizó. No obstante, el funcionario reconoció que «es probable que haya muchos reclamos» judiciales por cómo se estableció este último incremento en los haberes previsionales.
En el caso de la Defensoría de la Tercera Edad, que conduce Eugenio Semino, ya adelantó que pretende que se declare inconstitucional la suspensión de la ley de Movilidad Jubilatoria. La organización considera que esa decisión de Alberto Fernández “vulnera derechos adquiridos” en una continuidad de “una práctica habitual del Estado argentino” de «pagarles menos a los jubilados.
También, Semino anticipó que presentará una medida cautelar para dejar sin efecto el decreto con el gobierno dispuso para todos los jubilados un aumento de 2,3% más un fijo de 1.500 pesos, que para quienes ganan por debajo de $ 16.200 es una mejora de $ 197 respecto de lo que surgía de la aplicación de la ley, pero un perjuicio desde 352 pesos por mes a quienes ganan $ 20.000 hasta más de 8.000 para las jubilaciones más altas.
