La Asociación del Personal de Dirección Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos y Puertos Argentinos (APDFA) presentó una denuncia penal contra las autoridades del puerto de Buenos Aires por una maniobra que consideran apunta crear una estructura que asegure su continuidad luego del cambio de Gobierno para garantizar una posterior transferencia de los valiosísimos terrenos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La denuncia contra las autoridades de la Administración General de Puertos S.E., organismo a cargo de la Administración de Puerto Buenos Aires constituye una ampliación de la ya presentada el 11 de octubre contra Ramón Lanús, titular del Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El recurso judicial denuncia la iniciativa que apunta a modificar la estructura de la empresa por medio de un decreto presidencial para crear un Directorio que garantice su continuidad en el control del Puerto Buenos Aires luego del cambio de Gobierno y la posterior transferencia del puerto a la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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En la denuncia de APDFA se pide la investigación de posibles delitos por parte de la Administración General de Puertos S.E. y del AABE que incluyen abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. En la ampliación de la denuncia se pide también a la Justicia que ordene a los funcionarios cesar los efectos de los hechos ya cometidos y se emita una medida de no innovar sobre el status jurídico del puerto de Buenos Aires hasta tanto se investiguen los delitos enumerados.
Según trascendió, uno de los principales impulsores de la maniobra sería el ministro de Transportes Guillermo Dietrich, segundado por el interventor de la Administración de Puertos, el «Newman boy» Gonzalo Mórtola, quien ya quedó muy comprometido en su rol luego de su fallido intento de avanzar en la privatización del puerto favoreciendo a otro de sus ex compañeros de escuela, el empresario -y hermano del alma del presidente Mauricio Macri- Nicolás Caputo.
La maniobra denunciada consistiría en nombrar a directores afines al proyecto de traspaso durante un período de tres años, quienes serían los responsables de manejar el proceso de licitación de las terminales portuarias, la privatización de los terrenos de Puerto Sur y la Isla Demarchi para fines inmobiliarios y la posterior transferencia del Puerto Buenos Aires (único puerto federal) al GCBA. Este directorio nombrado por decreto presidencial condicionaría a las futuras autoridades y garantizaría la continuidad de decenas de funcionarios políticos de la actual administración en cargos jerárquicos.
Ante el inminente levantamiento de la intervención de la Administración General de Puertos, APDFA considera que “sería una medida saludable, si no se procurara realizarla a escasas semanas de un eventual cambio de Gobierno, excluyendo a los trabajadores del sector en el Directorio, y con un trámite entre gallos y medianoches que deja en evidencia su verdadera finalidad, que es transferir el Puerto Buenos Aires al GCBA, la venta de terrenos portuarios para negocios inmobiliarios, el control de un sospechado procesos de licitación y la perpetuidad en el poder de funcionarios políticos”.
