A pocos días de asumir como vicepresidenta, exactamente el 2 de diciembre, Cristina Kirchner será indagada por el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio oral y público por las presuntas irregularidades en la concesión de obra pública al empresario Lázaro Báez.
La senadora nacional declarará, tal como anticipó, y de manera informal, su defensa Carlos Beraldi, ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Además de la ex mandataria, están involucrados en este expediente el ex ministro de Planificación Federal Julio, el ex secretario de Obras Públicas José López y funcionarios de Vialidad Nacional y de la provincia de Santa Cruz.
De acuerdo a la denuncia original, las empresas de Báez recibieron contratos cuando no tenían capacidad para llevarlas adelante. La acusación habla de un “incumplimiento sistemático, reiterado y permanente” ya que de las 51 obras solo dos se terminaron en el plazo previsto y de las restantes 49, 25 no fueron finalizadas y las que culminaron tuvieron ampliaciones de plazos y costos.
Para la Fiscalía, el gobierno de Kirchner realizó maniobras legales, como decretos, resoluciones del ministerio de Planificación Federal y de la Dirección de Vialidad Nacional, para que las firmas de Báez obtuvieran importantes contratos.
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El empresario, en tanto, negó los cargos imputados y aludió a una “encerrona” armada en su contra para que se convirtiera en arrepentido e involucrara a la familia Kirchner en los delitos de lavado de activos por los que ahora está preso y es juzgado.
El empresario procesado declaró que fue “utilizado” en “una campaña atroz” para “deshornar” a su familia, y “de un modo elíptico a la familia del ex presidente Néstor Kirchner”. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “manipuló a todo el sistema” en un “esquema perverso”, dirigido por “el propio presidente Mauricio Macri”, aseguró.
