La investigación periodística que reveló una cantidad muy considerable de personas y empresas argentinas beneficiarias de sociedades offshore, hace evidentes los privilegios de ciertas minorías, señala en un comunicado la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
El texto señala que «se vuelve más urgente la necesidad de debatir los impactos de la evasión fiscal y la corrupción, lo que esto implica sobre la distribución de la riqueza y los recursos públicos, y de qué forma el Estado está asegurando (o no) que estos se orienten a revertir las desigualdades sociales y económicas».
La investigación periodística global llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, devela cuentas bancarias y empresas secretas en algunos de las principales guaridas fiscales. Desde ACIJ, destacan que «Argentina, si bien ocupa el puesto 31 entre las economías del mundo, aparece como el tercer país con mayor cantidad de personas beneficiarias de sociedades offshore en esta publicación de casi 12 millones de documentos sobre paraísos fiscales. Este dato evidencia una práctica extendida de elusión y evasión fiscal entre las élites económicas y políticas de nuestro país, a la vez que exhibe una evidente falla de los mecanismos estatales para evitar que ello ocurra».
La Alianza Global para la Justicia Fiscal publicó en 2020 que Argentina pierde alrededor de 2684 millones de dólares anuales a causa de flujos financieros ilícitos provenientes de la elusión y la evasión fiscal de personas y empresas, que transfieren sus ganancias a paraísos fiscales. Este monto representa el 2,9% del presupuesto vigente actualmente para servicios sociales y el 31,7% de la función salud. Del total, 2.341 millones de dólares corresponden a empresas multinacionales y compañías argentinas con sociedades offshore; y el resto a personas que ocultan sus ingresos no declarados en el exterior y pagan menos impuestos de los que deberían.
La contracara, dicen desde ACIJ «es la excesiva concentración de la riqueza que se encuentra en la desigualdad y la pobreza, que estos días mostró cifras alarmantes, superiores al 40%. Por eso es fundamental abordar esta problemática desde un enfoque de derechos. Las personas y empresas más ricas cuentan con más recursos para eludir el pago de impuestos, por ejemplo, mediante la transferencia de riqueza al exterior».
La evasión y la elusión generan enormes pérdidas de recursos para el Estado y limitan la posibilidad de avanzar hacia estructuras tributarias progresivas y contribuyen a perpetuar el injusto patrón de recaudación argentino, que deposita -proporcionalmente- las mayores exigencias en los sectores que menos tienen. «De esta forma, se pone en riesgo el acceso a derechos de quienes más requieren de la intervención estatal y se profundizan las brechas de desigualdad social y de género, dado que las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores de menores ingresos», agregan.
Destacan que en los últimos años hubo algunos avances, pero los caracterizan de insuficientes. «La AFIP creó un registro de beneficiarios finales de empresas para combatir el secretismo en la titularidad de las offshore, y se aprobó una nueva normativa de precios de transferencia. La elusión sigue siendo altísima y los mecanismos de control son ineficientes. Si no se revierten estos problemas, la política tributaria seguirá contribuyendo a la persistencia de las desigualdades, en lugar de convertirse en un instrumento redistributivo, que permita el acceso a los derechos en condiciones de equidad».
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En 2019, un grupo de organizaciones de la sociedad civil y especialistas de Argentina, de los cuáles ACIJ forma parte elaboraron el Acuerdo Social Anticorrupción, una propuesta de abordaje integral de los desafíos en esta materia que tiene el Estado argentino. Uno de sus ejes se vincula con la transparencia de los mercados financieros y control de la corrupción en el sector privado, basado, entre otras cuestiones, en la opacidad que brindan las jurisdicciones offshore para ocultar recursos surgidos de este tipo de delitos. Por esta razón, el documento propone:
-Reducir la discrecionalidad en la aplicación del secreto fiscal y favorecer la apertura de esta información en casos en los que se investiguen delitos de corrupción.
-Fortalecer la lucha contra la evasión fiscal y el blanqueo de dinero mediante la apertura de la información sobre mercados financieros locales y participación de ciudadanos/as argentinos/as en mercados financieros extranjeros y paraísos fiscales.
-Implementar medidas de control sobre la relación entre el sector privado y el público, incluyendo la sanción de una ley que regule la gestión de intereses (lobby) y que dé publicidad a las audiencias entre privados y funcionarias/os.
-Ampliar los alcances y obligaciones del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas establecido en la Ley 27.401 y exigir la implementación de programas de integridad en todas las empresas que contraten o se relacionen con el sector público.
-Prohibir contratar con el Estado a los/las proveedores que tengan cuentas o sociedades en paraísos fiscales.
-Crear un registro con la información sobre los beneficiarios efectivos o finales de las personas jurídicas.
-A estas medidas locales, se suma la necesidad de aumentar los compromisos internacionales en la lucha contra la corrupción y la erradicación de los paraísos fiscales, con mayor transparencia en los flujos financieros y el establecimiento de pisos impositivos comunes.
-Los déficits estructurales de nuestro sistema tributario -cuya matriz favorece la concentración y fuga de riqueza- y de los mecanismos de prevención de la corrupción, son parte central de la grave crisis social y económica que atraviesa la Argentina. Los problemas que pone de manifiesto esta investigación demandan un abordaje estatal que coloque en el centro de sus prioridades la igualdad económica y política, y los derechos humanos.
