La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizó una entrevista periodística en la que criticó duramente a los organismos de Derechos Humanos, defendió el proyecto de ley que busca bajar la edad de imputabilidad a 15 años y cuestionó la «doctrina Zaffaroni».
En primer lugar, mencionó los cambios en política de seguridad que se realizaron desde que alcanzó el ministerio: «se pasó de un modelo basado en la exaltación del victimario a un modelo donde la sociedad y la victima están en el centro de las preocupaciones del Gobierno. Y trabajamos sobre distintos ejes: impulsamos cambios legislativos, como las leyes de flagrancia, técnicas de investigación, ley de victimas, barras bravas, la reforma del Código Penal, y la nueva ley Penal Juvenil y sacamos muchos decretos que sirvieron para ordenar, como el (DNU 70/2017) de Migraciones. Luego, también buscamos reconstruir el rol del Estado en cuanto a la seguridad, a partir de invertir la prueba automáticamente negativa que suponía la doctrina (del ex ministro de la Corte Suprema Eugenio) Zaffaroni».
Acerca de la doctrina Zaffaroni, la funcionaria indicó que «se había construido sobre las fuerzas de seguridad una imagen, en el que siempre eran los responsables y su actuación era cuestionada. Esto dejaba a la sociedad sola frente al delito ya que las fuerzas no sentían que cumplir con su deber tenía un reconocimiento. Más bien, sentían que las querían dejar estancadas en el pasado y en ser las escorias de la sociedad, a la vez que se les pagaba un sueldo, se las armaba y se las formaba. Ahora, se agregó más profesionalismo y fortaleza para combatir a un delito corruptor por naturaleza como es el narcotráfico».
Sin ofrecer estadísticas de ninguna índole, para Bullrich hay que bajar la edad de imputabilidad a 15 años porque «la incidencia de menores en el delito es importante, pero lo más importante es que si sus actos no tienen consecuencias, luego de mayores conformarán un mundo de delito y muerte. A la vez en muchas ocasiones son usados por los mayores aprovechando el hueco jurídico de la inimputabilidad».
«Hay que buscar por todos los medios que los menores no conviertan sus vidas en una carrera hacia el delito y hacia la muerte, de ellos y de las víctimas que dejan. Ahora, cada conducta delictiva va a tener una consecuencia. Si un menor roba, no importa su edad, tendrá un régimen especial socio educativo terapéutico y medidas restaurativas. Y, si comete delitos más graves, tendrá consecuencias más graves que pueden significar el encierro en un establecimiento especializado», añadió.
Luego, acerca de las críticas que realizaron organismos de DDHH acerca de la utilización, por parte de las fuerzas de seguridad de las armas Tasser, expresó: «Los organismos de DDHH nunca se ponen del lado del policía asesinado, ni de la víctima. Por eso la opinión que tienen de la Taser es poco consistente. Es un arma no letal, que siempre debe ser usada con cuidado. Pero si quieren que no haya Policía y que cada uno se defienda como pueda, deben decirlo claramente».
