Este jueves se publicó en el Boletín Oficial el decreto que le da más poder a los municipios para llevar adelante controles de precios en pequeños comercios, ante la gran cantidad de denuncias recibidas sobre violación de los acuerdos de Precios Cuidados y otro tipo de abusos que suman presión inflacionaria en el difícil contexto de la cuarentena obligatoria.
En el mes de marzo se registró una fuerte aceleración inflacionaria, pese a que desde el Gobierno Nacional se fijaran precios máximos en una cantidad de productos esenciales y se retrotrajeran los valores de 2.300 artículos al 6 de marzo. Pero los niveles de incumplimiento de estas regulaciones fueron altos, sobre todo en los comercios de barrio, que vieron aumentar su nivel de ventas por las restricciones ambulatorias de la población.
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En este escenario, el presidente Alberto Fernández aprobó el decreto 351/2020 que permite a las autoridades municipales ejercer el poder “de fiscalización y control” de los precios, “con el objeto de asegurar el buen curso de las investigaciones y procedimientos administrativos”.
Así, los jefes comunales estarán habilitados a labrar actas por irregularidades de precios sobre las que luego la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo “determinará el procedimiento para la remisión de las actuaciones labradas y su posterior juzgamiento”.
El nuevo decreto pone a disposición de los intendentes el artículo 12 de la Ley de Abastecimiento, que los habilita a requerir el auxilio de la fuerza pública, realizar allanamientos, intervenir la mercadería en infracción, secuestrar libros contables y hasta clausurar de forma preventiva por tres días los locales en falta (clausura que puede extenderse hasta un mes). También podrán “citar a los presuntos infractores para que concurran a prestar o ampliar declaración y podrá citarse a las personas perjudicadas por una infracción o a los testigos presenciales de la misma, incluyendo a quienes se negaren a suscribir como tales el acta correspondiente”.
Entre los fundamentos del decreto se explica: “Dada la situación de emergencia sanitaria que tiene lugar en nuestro país como consecuencia del brote de coronavirus, resulta necesaria la adopción de nuevas medidas que se sumen a las ya adoptadas, garantizando a la población el acceso a ciertos bienes esenciales que satisfagan, en este particular y excepcional contexto, necesidades básicas vinculadas al bienestar general”.
“Es deber del Gobierno Nacional garantizar los derechos de la población y su goce efectivo y muy especialmente en el contexto de la epidemia de Covid-19, por lo que resulta de interés prioritario asegurar el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente a aquellos tendientes a la protección de la salud, alimentación e higiene”, concluye el decreto.
