El Gobierno nacional sigue intentando implementar cambios estructurales en sus últimos días de gestión. Después de que este jueves fracasara por falta de quórum en la Bicameral de Telecomunicaciones el intento trasnochado de designar directores en el Enacom y en la RTA, hoy se publicó en el Boletín Oficial un Decreto de Necesidad y Urgencia para sacar al Programa de Protección de Testigos (PPT) de la órbita del Poder Ejecutivo para dejarlo a cargo de un nuevo ente autárquico.
El decreto plantea modificar, sin ninguna urgencia, un sistema que funcionó durante toda la gestión macrista sin la menor crítica, que incluso fue utilizado para apuntalar operaciones judiciales contra ex funcionarios del kirchnerismo (en algunos casos con involucramiento directo de ministros como Germán Garavano en el caso del financiasta arrepentido Leonardo Fariña). Pero, a diez días de abandonar el poder, se propone un cambio radical en el que los arrepentidos dejarían de estar bajo la órbita del Poder Ejecutivo y pasarían a depende de una novedosa Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, un ente autárquico cuya dirección dependería de un consejo consultivo presidido por el titular de la Cámara de Casación.
Las tres causas judiciales a las que le presta particular atención Alberto Fernández
El proyecto original del oficialismo era trasladarle el programa al Poder Judicial, pero numerosos jueces de Comodoro Py e incluso de la Corte Suprema rechazaron esta posibilidad. Garavano incluso estuvo este jueves negociando contra reloj en los Tribunales de Retiro, pero sin lograr acuerdo, por lo que se optó por la vía del DNU y la creación de un organismo mixto, donde el Poder Ejecutivo tendrá una injerencia, aunque más indirecta.
Actualmente hay unas 200 personas bajo el PPT, pero los casos más preocupantes para el macrismo, que probablemente hayan motivado este desprolijo decreto de necesidad y urgencia, sean los vinculados con la causa “cuadernos” como el chofer arrepentido Oscar Centeno o con otras causas que involucran a ex funcionarios del kirchnerismo, como el ex secretario de Obras Públicas José López, quien intentó involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en hechos de corrupción de su área; el contador de la familia Kirchner Víctor Manzanares o el ex ejecutivo Alejandro Vandenbroele, testigo contra Amado Boudou.
El Decreto 795/2019 fue firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña; los ministros Rogelio Frigerio (Interior), Oscar Aguad (Defensa), Germán Garavano (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Carolina Stanley (Salud y Desarrollo Social), Guillermo Dietrich (Transporte), Alejandro Finocchiaro (Educación), Dante Sica (Producción y Trabajo) y Hernán Lacunza (Hacienda); el secretario Luis Miguel Etchevehere (Agricultura, Ganadería y Pesca) y Jorge Faurie (Relaciones exteriores).
