Este jueves, la Legislatura porteña aprobó por unanimidad el proyecto de rezonificación de San Lorenzo para que el club azulgrana pueda construir nuevamente su estadio en el barrio de Boedo. En tanto la iniciativa para aprobar un polémico convenio urbanístico con IRSA no fue debatida.
En la propuesta que impulsó la institución azulgrana hubo amplio consenso, prueba de ello fueron los 55 votos a favor y una abstención. El presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Daniel del Sol (JxC), indicó que «es una restitución histórica, ya que el club fue despojado del predio, donde estaba el Gasómetro, en una época siniestra para nuestro país».
En ese sentido se manifestaron miembros del bloque opositor, como Leandro Santoro (FdT), quien dijo que con la sanción del expediente se le va a devolver «la vida al club. Y rara vez podemos ver que desde la izquierda hasta la derecha se construyen consensos tan profundos y tan poéticos en torno a esto».
También habló de «lo maravilloso de la epopeya, para quebrarle el pulso a una multinacional francesa para recuperar lo que fue robado. Nadie creía posible esto». Si bien pusieron reparos, el FIT también brindó su voto positivo.
La ley de rezonificación permitirá la construcción del nuevo estadio que tendría una capacidad para 45.000 espectadores y una altura máxima de hasta 38 metros en los terrenos de Boedo, donde estuvo el Gasómetro hasta que en 1979 la dictadura militar se lo expropió a San Lorenzo.
https://informepolitico.com.ar/combinacion-de-vacunas-ciudad-contactara-a-quienes-tienen-una-sola-dosis/
El «plan maestro» diseñado por la institución azulgrana también plantea la habilitación de una serie de instalaciones vinculadas a servicios sociales, una dependencia policial y una de bomberos. Y la posibilidad de instalar más comercios, un museo, un hotel y hasta un cine.
“El 95% de los vecinos se manifestaron a favor de la vuelta”, expresó en Radio Cooperativa el diputado Socías. Y explicó que no se trata solo de una cancha, “sino de un equipamiento que le va a dar más movilidad al barrio”. También argumentó que “esta es una de las principales deudas que tiene la democracia”.
Con respecto al polémico convenio con IRSA, para la construcción de torres de lujo en la Costanera Sur, el oficialismo decidió no debatirlo, criticando el fallo judicial que señala que se debe realizar un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública. Diego García Vilas criticó al magistrado por «no respetar la división de poderes».
