Nicolás Ducoté, exintendente de Pilar por el PRO, fue procesado, acusado del delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública” por el supuesto uso irregular de fondos nacionales en obras del municipio.
El procesamiento fue dictado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y dispuesto sin prisión preventiva. Incluyó un embargo de cien millones de pesos, una inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país de Ducoté y de otros funcionarios que fueron parte de su gestión en Pilar.
La causa en la que está involucrado Ducoté, indaga irregularidades en tres convenios de obra pública firmados en 2016 entre el Ministerio del Interior y el ex alcalde, que recibió cuantiosas sumas que, de acuerdo a la denuncia, nunca utilizó para las construcciones planificadas.
Para el magistrado, “se verifica una misma matriz en los tres hechos investigados” en los que el municipio de Pilar “incumplió los convenios” y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, que tenía la posibilidad de exigir una devolución de lo desembolsado en caso de incumplimiento, realizó un “deficiente monitoreo del destino del dinero ya otorgado al municipio”.
Esto, de acuerdo al juez, “derivó en que a pesar de la existencia de irregularidades, se continuaran realizando desembolsos de capital, por lo que en razón de ello y del engaño pergeñado por los funcionarios municipales, se afectó directamente el patrimonio y el normal funcionamiento de la administración nacional”.
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Además de Ducoté, que para el magistrado fue el “responsable primario de los fondos girados desde el Estado Nacional”- fueron procesados otros dirigentes que formaron parte de su elenco de gobierno: Juan Pablo Martignone, el exjefe de gabinete de Pilar; Guillermo Iglesias, exsecretario de Obras Públicas del municipio; Osvaldo Caccaviello, ex director general de Calles y Red Vial, y Sandra Sosa, exsubsecretaria de Obras Públicas.
Además, Federico Leonhardt, presidente de la firma Vivienda y Hábitat Pilar Sapem; Fernando María Bonafede, representante legal de la UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA; Gabriel Adrián Lucero, apoderado de la UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA; Sergio Miguel Russo, presidente de Tordel SA, y Norberto Giulianelli, representante técnico de Tordel SA.
Vale destacar que para esta investigación la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió dictámenes con las irregularidades detectadas en diferentes casos analizados, cuestionando por ejemplo el modo en que se hizo las entregas de fondos por parte del Estado nacional porque fueron realizadas sin las correspondientes comprobaciones de avance de obra y sus respectivas rendiciones de cuentas tal como establecía el convenio.
