Promulgación de las leyes de IVE y de los 100 días: los detalles más importantes

Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) quedará promulgada este jueves en un acto que encabezará el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, con el que el Gobierno buscará resaltar «el peso histórico de una norma» que amplía los derechos de las mujeres y personas gestantes, garantiza su atención en el sistema de salud y pone fin a una legislación vigente desde 1921.

También se promulgará la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia -conocida como el Plan de los 1000 días- que recibió un apoyo unánime en el Senado cuando la sancionó, también el 30 de diciembre último, poco después de haber votado el aborto legal.

«Con ambas leyes damos una respuesta integral a problemas reales: reducimos la mortalidad materna, la malnutrición y la desnutrición, el neurodesarrollo y la salud de niños y niñas, prevenimos la violencia y protegemos los vínculos tempranos», señalaron desde Casa Rosada.

Y a partir de ahora las mujeres podrán interrumpir un embarazo hasta la semana 14 «sin temor a ser penalizadas y el sistema de salud pública deberá garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita».

En tanto, el Plan de los 1000 días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo -una vez por año- para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

El objetivo es afianzar el «derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad» para las «niñas y los niños con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años, personas que cursen embarazos de alto riesgo o padezcan trombofilia, mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género y niñas y adolescentes embarazadas.

Principales puntos del proyecto que legaliza el aborto

El proyecto de ley tiene por objeto «regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible».

En el articulo dos se sostiene que las personas gestantes tienen derecho a: decidir la interrupción del embarazo de conformidad con lo establecido en la presente ley; requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud; requerir y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud; prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces.

El proyecto de ley también establece que las personas con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce inclusive. Fuera de este plazo se puede acceder si el embarazo fuere resultado de una violación, en los casos de niñas menores de trece años y si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

El proyecto de ley también dice que la interrupción del embarazo deberá llevarse a cabo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento y que el personal de salud debe garantizar las siguientes condiciones mínimas y derechos en la atención del aborto y postaborto: trato digno, privacidad, confidencialidad, debe respetarse la voluntad y debe garantizarse el acceso a la información.

Una vez realizada la solicitud se debe proceder a dar la información sobre el procedimiento que se llevará a cabo y los cuidados posteriores necesarios. El proyecto también sostiene que antes de la realización de la interrupción voluntaria del embarazo se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito. En el caso de los menores de 13 años será mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal y en adolescentes de entre 13 a 16 años se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento.

«Si se tratare de una persona con capacidad restringida por sentencia judicial y la restricción no tuviere relación con el ejercicio de los derechos que otorga la presente ley, podrá prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa. La persona que fuera declarada incapaz judicialmente, deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal» detalla el proyecto de ley.

Los profesionales de salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Para ejercerla deberán mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión, derivar a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional sin dilaciones, adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica, y cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas.

Pero el proyecto de ley también prevé que hay casos donde no podrán objetar. «No podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto» sostiene el texto.

El proyecto también asegura que todos los sistemas de salud públicos y privados tendrán que garantizar el acceso al ILE. «Todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico asistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias, independientemente de la figura jurídica que posean, deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la presente ley en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud recomienda» explica el texto.

La nueva normativa también asegura campañas de prevención: «El proyecto de ley también prevé que el Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los Municipios tienen la responsabilidad de implementar la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población».

También se producen modificaciones en el código penal. «No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional» sostiene la nueva ley. Será objeto de prisión si se realiza un aborto sin consentimiento de la persona o si se realiza luego de la semana 14.

«El personal de salud deberá capacitarse en los contenidos de esta ley y de la normativa complementaria y reglamentaria. A tal fin, el Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementarán los correspondientes programas de capacitación» finaliza la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Principales puntos del denominado «Plan de los 1000 días»

Según se desprende del texto de proyecto enviado al Congreso, se establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

Extiende, al mismo tiempo, la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.

También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.

De acuerdo con el texto, el Programa también prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.

Entre los insumos, se menciona la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez.

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