A pocas horas de que se cumpla el plazo fijado por la Justicia para el desalojo de la toma de tierras de Guernica, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires continúa con las gestiones para lograr el traslado pacífico de los ocupantes, con la promesa de garantizar otros lotes con servicios. La ministra de Gobierno provincial Teresa García planteó que el objetivo oficial es que el desalojo se cumpla con la “menor cantidad de daño colateral posible”.
La funcionaria aseguró que gracias a las gestiones oficiales ya hay un sector de los ocupantes que han abandonado la ocupación de tierras en el partido de Presidente Perón: “Se trabajó en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y de Justicia y Derechos Humanos, y ya hay familias que han abandonado la toma a la espera de lotes con servicios. Estamos sobre la fecha límite”.
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“Hay una orden de la justicia de desalojar y hay que cumplirla. Queremos que sea con el menor daño colateral posible”, manifestó García, quien además aseguró que desde la administración de Axel Kicillof esperan “una resolución pacífica” del conflicto, por lo que apeló “a la voluntad de las familias que de verdad están por necesidad”. En ese sentido, anticipó que este miércoles se llevará adelante una nueva audiencia con los ocupantes, en una negociación de último momento antes del desalojo.
En ese sentido, la ministra de Gobierno alertó sobre la “intencionalidad de manipular la necesidad en un escándalo”. Y agregó: “Hay extorsiones, hay presiones pero confío en la capacidad política de los ministros en administrar esas tensiones pero hay que señalar que el Estado está presente”. El domingo, desde el Ministerio de Desarrollo Comunitario encabezado por Andrés Larroque habían denunciado la presencia de “grupos violentos” en la toma. “Hay que mantener la calma, saber comunicar muy bien e identificar a quienes buscan beneficiarse con la pobreza de la gente vaya a saber uno con qué finalidad”, concluyó la funcionaria.
Desde distintas agrupaciones de derechos humanos, movimientos sociales y agrupaciones políticas y de profesionales que defienden el derecho a una vivienda digna para los ocupantes ya se convocó a un “abrazo solidario” a la toma, a un corte de ruta y a una serie de concentraciones para visibilizar la situación durante la mañana del jueves.
García reconoció que “terminar con el problema de las tomas es complejo” pero destacó que “el plan anunciado por el gobernador es un horizonte certero ya que se van a generar lotes con servicio”. Este martes, durante la presentación del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, Kicillof anticipó que en los próximos tres años se construirán 33.600 viviendas sociales a través de diferentes planes de la Nación, la provincia y los municipios, con una inversión de 85 mil millones de pesos.
