Este jueves legisladores nacionales y referentes de diversos pueblos originarios denunciaron en el Senado la existencia de “campaña anti indígena” y reclamaron se haga efectiva la prórroga de la ley que suspende los desalojos de las tierras ocupadas por esas comunidades. Marcos Peña aseguró que el Gobierno acompañará la prórroga.
Mientras se espera que el Senado aborde la discusión sobre la ley 26.160, sancionada en 2006, que establece la suspensión de los desalojos en las tierras ocupadas por comunidades de pueblos originarios, cuya vigencia vence el próximo 23 de noviembre, a instancias del senador Fernando «Pino» Solanas, de Proyecto Sur, se llevó adelante un debate sobre la situación de los pueblos indígenas y sus tierras. Participaron Jorge Nahuel, referente de la comunidad mapuche de Neuquén; Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y los senadores Juan Manuel Abal Medina (PJ-FPV), Alfredo Martínez (Cambiemos) y Alfredo Luenzo (PJ Chubut).
Solanas recordó que la misma Constitución Nacional, gracias a la reforma de 1994, “reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y, entre varios derechos, reconoce el derecho a la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Pero consideró que desde la desaparición de Santiago Maldonado y la campaña mediática desatada contra el pueblo mapuche “se ha instalado en la opinión pública una suerte de consenso anti indígena y esto es grave”. “en un dominio mediático que milita en esa tendencia y ante la desinformación reinante, se instalan campañas que buscan avalar una historia de injusticia”, insistió.
Pérez Esquivel detalló que a pesar de la vigencia de la ley y del artículo constitucional aún “no se entregó un sólo título de propiedad” a las comunidades originarias porque “no existe la voluntad política de hacerlo”. Luego explicó: “No es solo este Gobierno, viene de arrastre de muchos gobiernos hasta hoy y hay que asumirlo esto. Hay una complicidad tremenda e intencionalidad de desconocer a los pueblos originarios y destruirlos, al atacar la cultura, la identidad, los valores y el territorio”.
Jorge Nahuel denunció un absoluto incumplimiento de los compromisos legales para con los pueblos originarios y planteó que los mapuche constituyen “un pueblo bajo estado de amenaza”, lo cual se ha visto agravado en los últimos meses, llegando al reciente incendio de sus viviendas en la comunidad Vuelta del río. Al respecto añadió: “Tenemos un marco jurídico excepcional que nos debería permitir disfrutar de tiempos mejores pero estamos viviendo escalada de violencia, odio racial, un retroceso”. “La ley es instrumental. La cuestión de fondo es que acá hay derechos constitucionales, internacionales que nos dan aval. Ese marco jurídico nos da plena vigencia y con ley o sin ley lo vamos a hacer valer”, concluyó.
Por su parte, el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, anticipó desde su cuenta de Twitter que el Gobierno nacional acompañará el reclamo de prórroga de la Ley 26.160: “Acompañaremos la prórroga de la Ley 26.160 pedida por las comunidades originarias. Seguiremos trabajando desde el Instituto Nacional Indígena (INAI) en el relevamiento de tierras que permita solucionar el tema”.
