Este martes comienza a trabajar oficialmente la “comisión de juristas” convocados por el presidente Alberto Fernández en el marco de la presentación del proyecto de reforma judicial, que en un plazo de 90 días deberá presentar un plan de modificaciones concretas para la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, así como también sugerencias acerca de cómo implementar el juicio por jurados y concretar el traspaso a la Ciudad de Buenos Aires del fuero penal no federal.
La comisión está compuesta por once juristas destacados, además del coordinador Fabián Musso: los abogados Carlos Alberto Beraldi, León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera, los jueces de distintas cortes del país Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierrra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza), y el ex juez y académico Enrique Bacigalupo.
Los expertos ya tuvieron algunas reuniones preliminares donde comenzaron a analizar los planes para el Ministerio Público. Este sábado, el penalista Arslanián presentó un diagnóstico sobre el cuerpo y planteó posibles modificaciones en cuanto a la forma de elección del procurador General y la duración de su mandato. El tema hoy es particularmente sensible ya que hoy continúa en ese cargo Eduardo Casal, denunciado por presionar a fiscales para favorecer al gobierno de Cambiemos. Hoy el Procurador se elige con dos tercios de los votos del Senado, lo que hasta el momento viene bloqueando las intenciones del Gobierno de nombrar en su lugar al juez Daniel Rafecas.
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En cuanto al Ministerio Público, también se evalúa sumar a su órbita a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Información Financiera, dos organismos que hoy dependen del Ejecutivo y actúan como querellas autónomas en diferentes causas penales. Además, se analiza la mejor manera de implementar el criterio de “paridad de géneros” en los distintos niveles del organismo.
Aunque distintas voces del Gobierno negaron reiteradamente que uno de los objetivos de la reforma judicial sea la ampliación de la cantidad de integrantes de la Corte Suprema, las especulaciones al respecto continúan. La comisión de expertos, según el decreto firmado por Fernández, deberá presentar “un análisis de su funcionamiento que incluya: a) el establecimiento para la selección de integrantes, de criterios de diversidad de género y representación federal; b) Evaluación integral de las normas que reglamentan la competencia atribuida al Alto Tribunal por la Constitución Nacional, ya sea en materia originaria o bien por apelación ordinaria y extraordinaria; c) Análisis y eventual reformulación del sistema de desestimación in limine -certiorari-; d) Análisis de normas en materia de audiencias orales para el tratamiento de los casos trascendentes y e) Trámite de recursos y fijación de plazos procesales máximos para su resolución, particularmente en materia penal”.
Finalmente, respecto del Consejo de la Magistratura de la Nación, el decreto establece que la comisión presente un análisis sobre “a) La conveniencia, o no, de modificar la estructura y composición del cuerpo y armonizar su funcionamiento con el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; b) Evaluación acerca de los cargos de consejeros, y analizar si los mismos deben ser de dedicación exclusiva; c) Análisis sobre la forma de dotar de una mayor agilidad, publicidad y transparencia a los concursos de selección y a los procesos de enjuiciamiento de magistrados, con posibilidad de brindar una mayor participación a las universidades públicas y a las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto estatutario se vincule directamente con el servicio de administración de justicia; d) Incorporación de perspectiva de género en la composición del Consejo y en los actos que hacen a su funcionamiento; y e) Análisis de la inclusión de un criterio federal para la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación”.
El consejo de juristas ya solicitó a Presidencia que se giren invitaciones a integrantes de todos los organismos involucrados para que presenten sus opiniones en el proceso de elaboración de la propuesta, además de a representantes de más de 20 instituciones y organismos colegiados. La agenda de trabajo de la comisión prevé 24 reuniones ordinarias (martes y sábados de 11 a 13, vía Zoom) y tres encuentros extraordinarios para escuchar a los invitados.
