Durante los últimos días, la Federación Rusa volvió a estar en boca de todo el mundo, aunque esta vez no tiene nada que ver con la vacuna anti Covid. Se trata en cambio del encarcelamiento de Alekséi Navalny, activista político crítico del Kremlin, y todo lo que ese hecho trajo consigo. Es que la decisión de la Corte de Justicia Rusa de enviar a prisión al líder de la oposición fue tomada por muchos como una jugada meramente política, que solo vino a recrudecer las tensiones mundiales ya existentes.
Navalny es uno de los líderes más fuertes de lo que se configura como la oposición a Vladimir Putin; y el mismo que el año pasado fue víctima de una intoxicación con un agente nervioso creado en por la Unión Soviética como arma química en la época de la Guerra Fría. Esta neurotoxina -que ya generó polémica anteriormente- se llama Novičok y entre otras características tiene la posibilidad de eludir los métodos estándar de detección de sustancias químicas de la OTAN, la capacidad de ser permeable a los uniformes de protección y además es capaz de evitar la Convención Sobre Armas Químicas.
Como respuesta al hecho -ocurrido la semana pasada pero con repercusiones aún hoy- las principales potencias mundiales exigieron la liberación de Navalny; y en Rusia el Fondo de Lucha contra la Corrupción convocó a marchas y protestas en distintas partes del país. Estas fueron combatidas con duras represiones que incluyeron miles de detenidos, generando aún más malestar en la comunidad internacional. La Unión Europea, puntualmente, amenazó con agravar las sanciones previamente impuestas.
Esta incipiente crisis llega en un momento en el que la Eurozona se había propuesto mejorar los vínculos bilaterales con el Kremlin, que se mantuvieron tensos -especialmente- durante los últimos seis años. De hecho el alto Representante para Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, viajó este fin de semana a Rusia, por primera vez desde 2017, en una misión pensada para ser conciliadora.
Sin embargo, a su regreso de Moscú Borrell declaró preocupado que las conversaciones con su par soviètico no salieron como esperaban. Específicamente expresó: “Rusia no quiere aprovechar la oportunidad de iniciar un diálogo constructivo”. Según se pudo saber, durante una conferencia de prensa mantenida entre las dos autoridades, mientras un lado buscó ser diplomático, el otro solo disparó acusaciones de intromisión.
Arco de acción y pragmatismo
Los últimos eventos en Rusia desataron la ira de muchos países y líderes del mundo occidental. A los pedidos para que Navalny sea liberado, se suma la exigencia de nuevas penalidades. Es que mientras Borrel estaba en plena misión protocolar, desde el Kremlin procedieron con la expulsión de diplomáticos de Alemania, Suecia y Polonia. El contexto pide a gritos que se “haga algo”. Sin embargo, y no obstante las amenazas previas de endurecer las sanciones, desde la Unión Europea todavía no ejecutaron ningún tipo de castigo por falta de unanimidad.
La toma de este tipo de decisiones cambia con facilidad y de acuerdo a las variables que influyen en cada momento. Si bien algunos días atrás desde la UE directamente habían descartado que las medidas efectivamente fueran a suceder, por lo menos en el corto plazo, en una reunión mantenida hoy por videoconferencia -y organizada a última hora-, representantes europeos acordaron discutir el tema sancionatorio el próximo 22 de febrero.
Lo que sucede es que el costo de aplicar nuevas condenas sería muy grande para todas las partes involucradas. Pero a la vez, la mera acción de hablar de sanciones, de ponerlas sobre el tablero, genera por lo menos ruido, repercusiones. Una cadena de movimiento, y de acción y reacción en el escenario mundial.
El pragmatismo político deriva del filosófico y refiere a cuánto de aquello que se quiere o se debería hacer es efectivamente aplicable en la práctica. En especial teniendo en cuenta las consecuencias que dicha decisión traería aparejadas. Es decir, ante una situación X debería hacerse A, y de hecho hay una gran expectativa generalizada de que se haga A, Sin embargo los resultados concretos de hacer A son desalentadores. Es entonces cuando por una cuestión de pragmatismo se termina haciendo B.
Si eso se traslada a la situación que aquí se aborda, los efectos fácticos de la implementación de nuevas sanciones contra Rusia serían muy altos para la Unión Europea, especialmente en materia económica y de provisión de gas. Por lo que existe una gran probabilidad de que se evite hasta última instancia la adopción de estas medidas, Incluso si eso significa atenerse a las críticas de la comunidad internacional.
El horno de las sanciones
Además de los costos concretos que implicaría la adopción de medidas, el hecho de aplicarlas no es nada sencillo. Para que desde la Unión Europea se adopten sanciones de cualquier tipo a países terceros, no solo se deben seguir varios pasos, sino que tienen que estar de acuerdo un centenar de personas. Para este tipo de medidas solo existe la unanimidad.
Desde el Consejo Europeo explican que las “medidas restrictivas” apuntan a cambiar comportamientos de otros países y que son aplicables, entre otros motivos, para combatir el terrorismo, las actividades de proliferación nuclear, las violaciones de los derechos humanos, la anexión de territorios extranjeros o la desestabilización deliberada de un país soberano.
Las medidas se establecen por medio de Decisiones del Consejo en materia de política exterior y de seguridad común, para luego ser analizadas y debatidas en los órganos pertinentes. Finalmente, el Consejo adopta la Decisión por unanimidad, y en caso de que esta incluya la inmovilización de activos u otros tipos de penalidades económicas o financieras, deben ser aplicadas en un Reglamento del Consejo.
Si bien el primer paquete de sanciones contra Rusia apuntó específicamente a castigar la anexión ilegal de Crimea, esta vez la búsqueda iría por el lado de penalizar la violaciòn de derechos humanos, ya que la encarcelación de Navalny es considerada como tal.
Más de un lustro de tensiones
Rusia es el país más grande del mundo, ocupa casi 18 millones de kilómetros cuadrados y tiene 144,5 millones de habitantes. Más de la mitad de su territorio se ubica en Asia y la otra parte en Europa. Es un país con enormes reservas de recursos naturales, muy preciados y de gran valor económico. Se rige por un sistema semipresidencialista, a la cabeza del cual está Vladimir Putin desde hace más de 20 años de forma casi ininterrumpida. Rusia es -además- una de las principales potencias militares.
Lo que disparó la última gran crisis entre Bruselas y Moscú fue la anexión ilegal de Crimea a Rusia. Fue en ese entonces que la Unión Europea dispuso las medidas punitivas que hasta hoy siguen vigentes. Entre otras acciones, este paquete frenó el otorgamiento de visas a ciudadanos rusos, al mismo tiempo que se congelaron activos de personas y entidades vinculadas al conflicto.
Desde la UE se opusieron también a las intervenciones del Kremlin en guerras como las de Siria o Libia, e incluso en otros conflictos armados ocurridos en el continente africano. Además se mostraron preocupados por las “campañas de desinformación y los esfuerzos por influir en las campañas electorales”. Para añadir un elemento más, en la propia web oficial del Parlamento Europeo señalan con cierta inquietud el hecho de que en 2018 se hayan modificado las leyes electorales permitiéndole a Putin perdurar más allá de su actual mandato. El cuarto desde que asumió la presidencia.
Muchas de las ya mencionadas sanciones significaron pérdidas millonarias para algunos países europeos como España, Francia, Italia y Alemania. Sucede que Rusia es el tercer socio comercial de la UE y a su vez, este es el primero de Rusia.
Otro elemento clave en las relaciones bilaterales, tanto comerciales como económicas, son los recursos energéticos y -en especial- el gas natural. Esta es una de las principales exportaciones de la Federación, una gran proporción de la cual tiene como destino países europeos. En concreto, más del 40 por ciento del gas que llega al Viejo Continente proviene de Rusia, lo que genera también cierta dependencia energética. Un motivo que a largo plazo desalienta la idea de de presionar a partir de las sanciones.
Finalmente, de acuerdo a estimaciones de la mismísima Comisión Europea, las pérdidas económicas desde que se implementaron las sanciones post Crimea superan los 50.000 millones de euros. Un número demasiado alto para dejar librado al azar.
Quedará ver si al final del día Europa cede ante los pedidos de multas contra Moscú, o sí por el contrario sigue moviendo las fichas dentro del tablero europeísta de la forma que le permita perder menos puntos.
