El Gobierno sufrió un revés judicial ya que fue desestimado su pedido para que la causa Vicentin tenga curso en el fuero contencioso administrativo de la Capital Federal. El ministerio de Producción había solicitado que se definiera en los tribunales porteños el planteo de inconstitucionalidad del decreto de intervención de la cerealera pero no tuvo éxito la propuesta.
La jueza en lo Contencioso Administrativo Biotti fue quien firmó la decisión, argumentando que «corresponderá entender a los tribunales federales con competencia en materia contencioso administrativa en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe, ante los que corresponderá la interposición de inhibitoria si así lo estimare pertinente el Estado Nacional».
«Si bien los planteos efectuados por los integrantes del Directorio de Vicentin SAIC y los agravios expuestos por el Estado Nacional contra la decisión del Juez del concurso en esta inhibitoria deberán ser resueltos ante los tribunales federales con competencia contencioso administrativo, considero que el Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal no posee competencia territorial para entender en la causa”, dijo la jueza. La Casa Rosada podrá apelar esta determinación.
Vicentin: Un informe de la Sigen confirmó irregularidades y maniobras sospechosas
Paralelamente, la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe y la SIGEN confirman en distintos informes irregularidades en la cerealera, lo que refuerza la intención del Gobierno de intervenir en la compañía.
De acuerdo al organismo de control de la Nación, además de la falta de regulaciones internas, se detectaron millonarias operaciones en los días previos a la declaración de cesación de pagos (cinco de diciembre de 2019) de transferencias entre empresas vinculadas.
Por otro lado, figura la venta de acciones de la importante firma Renova por 122 millones de dólares, sin respaldo de la conveniencia de la operación, tratándose de una las “joyas” de Vicentin y a tres días antes de la cesación de pagos. Esto pareció ser moneda corriente en la compañía cerealera ya que, tal como consta en el documento oficial, las actas de directorio carecen de análisis de operaciones trascendentes, como venta de empresas o participaciones accionarias millonarias en dólares, como así tampoco se exhiben los planes estratégicos de mediano y largo plazo ni los planes de inversión.
Mientras que la IGPJ desmintió que la participación de la firma en otras sociedades sea minoritaria. Para argumentar dicha afirmación, enumeró diversas sociedades – tanto nacionales como extrajeras- en donde la compañía está involucrada.
Y dio cuenta del dominio de bienes de los directores, en donde se observan “maniobras de venta, donación y demases de los mismos”.
