Luego del pedido de juicio político que recibió por parte de una diputada del kirchnerismo, Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema, denunció «una campaña de desprestigio» en su contra. También decidió responderle a la legisladora que impulsa su destitución, Vanesa Siley.
Para el titular de la CSJN, no hay dudas de que existe «una persistente campaña de desprestigio» y dijo que «distintas personalidades» le «atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza».
«Las acusaciones son completamente infundadas. No he incumplido deber funcional alguno», declaró Rosenkrantz respecto de las distintas acusaciones que hizo la diputada Siley. Y sostuvo que enfrentó cuestionamientos por fallar en contra de la ley en el caso de la aplicación del beneficio del «2×1» en favor de un condenado por delitos de lesa humanidad (el caso «Muiña») y otra como supuesto partícipe de una quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de una hamburguesería en Pinamar y Villa Gesell.
En su defensa, planteó que «los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el 2×1 (tanto en ‘Muiña’ como en ‘Batalla’) encuentran su apoyo en la Constitución Argentina, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos», aseguró.
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Y remarcó su «convicción profunda de que la Constitución consagra garantías penales en favor de los acusados, incluyendo a aquellos que perpetraron los crímenes más horrendos en la historia de nuestro país».
En respuesta a las acusaciones que le propinó la legisladora que impulsa su juicio político, Rosenkrantz aseguró que Siley «no leyó» su fallo cuando lo denuncia de no haber reparado en que los delitos no son pasibles de amnistía, indulto o conmutación de pena y remarcó que el cómputo de la pena en el caso Batalla «no es en absoluto asimilable a una amnistía, a un indulto o a una conmutación de pena».
Por otro lado, descartó posibles conflictos de intereses desde que asumió su lugar en la CSJN: «Desde que fui designado juez, me excusé en todas las causas en las que se configuraban las causales de excusación obligatoria».
Y explicó que había adoptado el criterio de excusarse o abstenerse cuando consideró que su participación podía generar dudas sobre su imparcialidad «en una persona razonable y, con ello, afectar la decisión que habría de adoptar la Corte».
Cabe destacar que la Casa Rosada se desmarcó del pedido de juicio político al presidente de la Corte. Fuentes oficiales indicaron que la presentación de Siley fue «a título personal» y que no apoyan el reclamo. «La diputada presentó un pedido que retoma el sentido de antiguos proyectos y los actualiza con hechos que a su entender protagonizó Rosenkrantz en causas por violaciones a los derechos humanos con posterioridad a 2017», señalaron desde el Gobierno.
Siley realizó su presentación contra el magistrado de la CSJN «por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional».
