El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, se excusó en la demanda planteada por la petrolera Esso, actual Axion, contra la Municipalidad de Quilmes por el cobro de la tasa de Salubridad, Higiene e Inspección, que pretenden que sea reducida, lo que afectaría las arcas comunales y plantearía un caso testigo para extender el reclamo a otros municipios.
Rosenkrantz se excusó por haber intervenido con su estudio jurídico en defensa de la petrolera en otros casos, antes de acceder al Máximo Tribunal. Los otro cuatro integrantes del cuerpo (Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Horacio Rosatti) aceptaron su apartamiento del caso en el último acuerdo plenario de ministros, realizado esta semana. Más allá del acuerdo de sus colegas, también se dejaron oír críticas contra el presidente de la Corte por no haberse excusado inmediatamente, teniendo en cuenta estos antecedentes.
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En un breve comunicado informaron: “En mérito a las razones invocadas y a lo dispuesto en los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, corresponde aceptar la excusación presentada por el señor Presidente de esta Corte, doctor don Carlos Fernando Rosenkrantz, para conocer en este asunto”.
Luego del fallo adverso contra la petrolera de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Axion presentó un recurso de queja ante el Máximo Tribunal nacional, insistiendo con la exigencia de que no se le cobre esa tasa de seguridad e higiene. La decisión final de la CSJN preocupa al resto de los intendentes provinciales ya que un aval a la pretensión de la empresa podría implicar una generalización del reclamo que golpearía las arcas municipales.
Axion ya cuenta con un dictamen favorable, aunque no vinculante, de la Procuración General de la Nación. Hay una audiencia fijada para el mes próximo, en la que los representantes de la petrolera plantearán su caso ante los cuatro jueces supremos que quedaron a cargo. Por su parte, los intendentes se presentan como “amigos del tribunal” para defender la posición contraria, insistiendo en que el aval a las pretensiones empresarias implicaría un perjuicio de entre 12 mil 15 mil millones de pesos anuales a nivel provincial.
