Este miércoles la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Asamblea Legislativa santafecina, que preside el diputado provincial justicialista Leandro Busatto, tratará este miércoles la presentación de la diputada Alicia Gutiérrez sobre el jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, en el marco de una investigación que lo cuestiona por una presunta falta de “ética y de transparencia”. La denuncia se desencadena luego de que Serjal decidiera archivar una causa contra un empresario del que acababa de adquirir dos vehículos cero kilómetro.
Gutiérrez planteó la apertura de una investigación y la suspensión preventiva de Serjal a partir del planteo del fiscal general Jorge Baclini, cuestionando un posible acuerdo irregular con el empresario Rómulo González (propietario de Auto Rosario), luego de que se archivara una causa en su contra después de que el jefe de los fiscales obtuviera dos autos 0Km por un valor de alrededor de 2,5 millones de pesos.
La compra de vehículos al beneficiario de su resolución situación constituye un claro conflicto de intereses y una violación ética, pero ahora se deberá determinar si además puede encuadrarse como delito. Al presentar el pedido, Gutiérrez recordó el deber de “observar una conducta pública y privada que no afecte la confianza en la función que cumple en el Ministerio Público de la Acusación”. Y señaló que, “según la propia versión vertida por Serjal en su presentación espontánea, su conducta viola de forma clara las disposiciones de la ley de Ética Pública y de las disposiciones de ética en el ejercicio de la función fiscal”.
Al respecto, la diputada añadió: “Lo notorio es que su alegado temor de ser chicaneado judicialmente no surgía del contenido de sus decisiones sino de sus conductas inconsistentes en haberle comprado sus autos al beneficiario de su resolución. La versión ofrecida de forma inexplicablemente espontánea por Serjal hace zozobrar la disponibilidad de asignarle credibilidad”.
En su planteo, la legisladora se preguntó: “¿Bajo qué parámetros resulta aceptable que quien ejerce la jefatura de más de 80 fiscales del MPA, en un territorio que ocupa seis departamentos, haga una operación por un monto de más de dos millones de pesos con el beneficiario de ese archivo fiscal dictado por él mismo, sin solución de continuidad? ¿Con qué legitimidad revisará archivos y desestimaciones a diario? ¿Con qué legitimidad rechazará planteos de quejas de víctimas o imputados?”.
Luego de la acusación, Serjal explicó que al momento de decidir la compra de ambos autos venía pagando un autoplan para comprar una camioneta Mercedes Benz, pero que resolvió renunciar a ese plan y adquirir los dos vehículos en Toyota porque le resultaba menos oneroso, eligiendo Autos Rosario porque había tenido una mala experiencia con el otro gran concesionario de la ciudad. Luego detalló que pagó los vehículos entregando su Ford Focus, con un crédito prendario a 36 meses y con depósitos bancarios en efectivo con ahorros tanto de él como de su esposa.
Lo llamativo es que Serjal no informó de a compra en tiempo real al Ministerio Público sino recién cuando se enteró que se reabría la causa que había decidido archivar. En cuanto al descargo de Serjal, Gutiérrez consideró que está constituido por “devaneos más o menos genéricos acerca de qué vehículo resulta más conveniente” que “no explican lo que debe ser explicado (la compra de los autos a un beneficiado)”. Al respecto concluyó: “Las excusas ensayadas, auto-contradictorias y cuasi infantiles, no hacen más que comprometer la apariencia de probidad del fiscal regional”. Al respecto, sostiene que estas “resbalizadas explicaciones escritas deben ser juzgadas con el máximo rigor” en tanto la conducta de Serjal “es dañina para la imagen de legitimidad que deben proyectar el Poder Judicial en general y el Ministerio Público de la Acusación en particular”.
La propia Asociación de Fiscales de Rosario pidió que se llegue a una resolución del caso con “seriedad, celeridad, transparencia y objetividad” destacando que las sospechas sobre el jefe de los fiscales “implica una afectación a la legitimidad de toda la labor del MPA”. Marcelo Saín, director del Organismo de Investigaciones de Santa Fe, consideró: “El esfuerzo que hay que hacer para identificar y conjurar a las grandes organizaciones criminales que tuvieron vigencia en Rosario y otras ciudades de Santa Fe desde hace más de 10 años, con una notoria protección del Estado en escalones policiales, pero también mediante la vista gorda de sectores judiciales y políticos, requiere de una fiscalía regional que dirija la estrategia de persecución penal y de la investigación de todos estos emprendimientos ilícitos. Con un fiscal regional sospechado de connivencia y de corrupción con empresas que fueron objeto de investigación eso no es posible”.
Este miércoles los 12 legisladores de la Bicameral deberán definir si avalan el pedido de investigación y suspensión del funcionario, que tiene mandato hasta 2023, con lo que el caso pasará a discutirse en el recinto de la Legislatura provincial.
