A pocas horas de que se abran las PASO, continúan las dudas y los planteos en torno a Smartmatic, la empresa venezolana encargada de la transmisión de datos y el escrutinio provisorio. Además del amparo presentado por el Frente de Todos ante la Justicia electoral, se conocieron datos que desmienten las afirmaciones del ministro del Interior Rogelio Frigerio acerca de los motivos para la contratación de la empresa.
Desde el Frente de Todos alertaron en un texto presentado el viernes ante la jueza María Romilda Servini, con competencia electoral: “Los fundamentos de nuestra petición responden a las vulnerabilidades de las que probadamente adolece el sistema contratado por el Correo Oficial de la República Argentina, autorizado por el Poder Ejecutivo Nacional, lo que implica la posibilidad cierta de una eventual manipulación de la puesta en el conocimiento público de los resultados del recuento provisorio”.
Se trata de la segunda cautelar presentada por este espacio político en la semana, después de la presentación del martes. Al día siguiente, la jueza sostuvo que no había tiempo suficiente para darle curso y que emitir opinión sobre los cuestionamientos sería adelantar su postura sobre la cuestión de fondo, pero accedió al pedido para designar veedores judiciales, para lo que remitió un pedido al Consejo de la Magistratura para que el titular de la Dirección de Tecnología de ese organismo encabeza un equipo de veedores judiciales para los comicios.
El texto presentado por Juan Landau, apoderado del PJ, añade: “Las pruebas realizadas por la empresa y la Dirección Nacional Electoral han fallado todas y las comprobaciones o auditorías que correspondía que fueran realizadas por la justicia electoral y las agrupaciones políticas no pudieron realizarse consecuencia de los incumplimientos de la empresa y del Estado Nacional”. Landau añadió: “Más que la mala intención, que la puede haber, no la descarto en absoluto porque hay una cantidad de cosas con mala intención para complicarnos la fiscalización, pero sobre todas las cosas hay una fuerte ineptitud e ineficacia, por parte de quienes están llevando adelante este proceso”.
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Ante los cuestionamientos, el ministro Rogelio Frigerio intentó salir a brindar confianza en el sistema mediante una conferencia de prensa, en la que lo acompañaron el secretario de Asuntos Políticos Adrián Pérez, el director de Servicios Electorales de Correo Argentino Adrián González, el director Nacional Electoral Rodrigo Conte Grand y el titular del Comando General Electoral Carlos Pérez Aquino. El funcionario afirmó que “por primera vez, en un cuarto de siglo, tuvimos una competencia” para definir a la compañía responsable del escrutinio provisorio, lo que luego fue desmentido por fuentes de Indra, la empresa española que se ocupó del tema durante los últimos 22 años (quien confirmó que compitió con en numerosas ocasiones con IBM e incluso con la misma Smartmatic).
Frigerio también aseguró que el proceso de licitación también permitió bajar el costo del proceso, ya que la contratación de Smartmatic “costó 17 millones de dólares, cuando la de hace dos salió 33 millones de la misma moneda, es decir aproximadamente un 50 por ciento menos de costo para el Estado”. Nuevamente, fuentes de Indra consultadas por Página 12 lo desmintieron: “Las elecciones en 2017 salieron 23 millones de dólares y en esa oportunidad Smartmatic había ofertado 27”. En esta ocasión, Indra había licitado con 19 millones, dos más que la venezolana, pero ésta había sido calificada por el Comité de Evaluación Técnica como la peor de las tres postulantes. Pero el Gobierno priorizó el ahorro y decidió descartar los planteos realizados por la propia Indra, quien había denunciado incluso irregularidades y abitrariedades en el cuadro licitatorio para estas elecciones.