Durante el mediodía de este viernes, con un acto en el Museo del Bicentenario, el presidente Alberto Fernández reunió a todos los gobernadores para firmar el Consenso Fiscal 2020 con la única excepción del Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que manifestó su oposición a la cláusula que lo obligaría a renunciar a la judicialización del reclamo contra el recorte de coparticipación decidido por el Gobierno nacional, que se encuentra avanzando en el Parlamento.
El mandatario señaló que los gobernadores y las gobernadoras “entendieron lo importante que es que trabajemos juntos, que hay un país que nos reclama que trabajemos unidos, y que más allá de las diferencias políticas y las pertenencias partidarias, lo más importante es pensar en nuestra gente”.
“Este acuerdo que estamos firmando habla de la responsabilidad que tenemos para seguir adelante, y la responsabilidad no es de la que se hablaba años atrás cuando significaba ajustar, la responsabilidad es cómo vamos a crecer y la sensatez que tenemos que tener para poder crecer”, sostuvo.
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“De lo que estamos hablando hoy es de cómo encarar el futuro juntos, ya no por el espanto que un virus nos genera, sino por la oportunidad que tenemos de construir nuestro propio destino. Tenemos una oportunidad única, ahora depende de nosotros”, recalcó Fernández.
El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros del Interior, Wado de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán; la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
De Pedro destacó el “espíritu de unidad del acuerdo” y señaló: “La pandemia nos dejó ver parte de los problemas estructurales que hay en la Argentina, uno de ellos es la concentración poblacional que tenemos alrededor del puerto de la provincia de Buenos Aires, y estamos dispuestos a invertir, a hacer obras, a trabajar fuertemente para que la Argentina deje de ser un país unipolar y seamos un país multipolar, para que cada argentino y cada argentina pueda crecer y desarrollarse en el lugar donde nació”.
El ministro de Economía, en tanto, consideró que el acuerdo “refleja una coherencia con un principio central para la Administración de trabajar por un federalismo mejor, por mayor equidad a nivel de todo el territorio y sobre la base de consensos, y de que resolver los problemas de la economía argentina debe ser una tarea colectiva”.
El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, se mostró en desacuerdo con un impuesto a las Leliqs porque “va a encarecer el crédito” y remarcó que “el consenso de prácticamente la totalidad de los gobernadores transmite previsibilidad, da sustentabilidad, vuelca recursos a las provincias, y esto va en consonancia con hacer una Argentina más federal y que distribuya como corresponde”.
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El acto también buscó mostrar a todas las provincias alineadas con el Gobierno nacional, en un marco de creciente enfrentamiento con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la decisión oficial de volver el porcentaje de coparticipación a su marco histórico, retrotrayendo los aumentos extraordinarios por decreto otorgados por Macri, presuntamente destinados a financiar el traspaso de la Policía al distrito, que llevaron la porción de CABA a un 3,75% (luego rebajada a 3,5%).
La secretaría de Provincias que comanda Silvina Batakis calculó que el costo que insume la nueva responsabilidad policial en Ciudad es de 24.500 millones de pesos anuales, pero la discusión del proyecto en Diputados definió abrir una mesa de discusión por 60 días en la que participarán representantes de Nación, Ciudad y de la CFI (Comisión Federal de Impuestos) para acordar un nuevo monto (propuesta que tampoco convenció a las autoridades de Ciudad, que insisten con la estrategia judicial).
Pero la judicialización podría resultar contraproducente para Ciudad ya que desde Nación anunciaron que de llegar a esa instancia también se evaluarían otra serie de traspasos injustificables a CABA en el gobierno de Macri, desde los 86 mil millones de pesos extra por año para el financiamiento policial, hasta millonarios subsidios para obras como el Paseo del Bajo o el traspaso de 34 inmuebles que Nación le cedió a CABA tras las derrota en las PASO.
