Un decreto del Poder Ejecutivo, el 690/2020, estableció que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de ellos son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia y que la autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad.
Al declarar como servicio público al acceso a internet, televisión por cable y telefonía móvil y fija, el llamado «Triple Play», el Estado habilitó la posibilidad de fijar sus precios, que hasta el momento eran determinados de modo completamente libre y en competencia.
Como primer punto, la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal evaluó al rechazar el planteo la «validez» que la Cámara de Senadores dio al decreto del Ejecutivo.
«Ello por cuanto no resulta, en este estado larval del proceso, adecuado analizar durante cuánto tiempo un decreto de necesidad y urgencia puede y debe estar sometido a tratamiento parlamentario, ni tampoco analizar la vigencia del decreto una vez ratificado por la Comisión Bicameral Permanente y, en este caso, el Honorable Senado de la Nación; quedando solamente pendiente la aprobación o rechazo de la Honorable Cámara de Diputados», apuntó el juez Walter Correa.
Además, indicó que con el planteo, Telecom «no estimó cuál es la incidencia económica concreta que el congelamiento de precios, los aumentos fijados o el valor del Servicio Básico Obligatorio producen en su economía, de manera tal de acreditar que la denegación de la medida cautelar le causaría un gravamen que difícilmente podría revertirse en el supuesto de que la sentencia final de la causa admitiese su pretensión».
«En otras palabras, la actora no ha explicado concretamente de qué manera dichos afectarían el estado de sus finanzas», señaló el magistrado.
El titular del ENACOM, Claudio Ambrosini, celebró la decisión de la Justicia en diálogo con Radio 10: «Lo que hace la Justicia es darle la razón al Estado y decir esto es ley», afirmó. Y dijo que «el fallo de la Cámara también le dice que las empresas no demostraron que sin ese aumento ellos podrían perjudicar su plan de inversión». «En estos diez días hábiles tienen que demostrar que se está devolviendo la plata», remató.
En diciembre pasado, el Gobierno anunció que desde enero de 2021 iba a comenzar a regir una Prestación Básica Universal (PBU) para servicios de «Triple Play», con planes desde los $150 a los $700 por mes.
https://informepolitico.com.ar/entran-en-vigencia-los-planes-de-celulares-internet-telefonia-fija-y-tv-paga-desde-150-por-mes/
El objetivo es «favorecer la universalización del acceso por parte de los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de argentinos», indicó el Gobierno.
La decisión se tomó mediante la reglamentación del decreto 690/2020, sancionado por el Poder Ejecutivo en agosto último, que congeló las tarifas y declaró «servicio público esencial en competencia» a la telefonía móvil, Internet y la televisión por cable.
En efecto días atrás el propio organismo intimó al Grupo Clarín a dar marcha atrás y devolver a sus usuarios el dinero correspondiente luego de haber aplicado un aumento en torno al 20% a su servicio cuando lo autorizado era del 5% para los primeros meses de este año.
