Teletrabajo: Moroni pidió regulación de las tareas a distancia y «cuidar derechos»

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se presentó de forma virtual en el Senado para mostrar su punto de vista sobre el proyecto de Teletrabajo, que regula el empleo a distancia y ya obtuvo media sanción en Diputados.

El funcionario pidió que exista una regulación de las tareas a distancia y que «se cuiden los derechos de los empleados». De hecho, en la apertura del debate en comisión del proyecto de teletrabajo, el ministro aclaró que el teletrabajo «es un modo del contrato de trabajo» y «hay que desechar esta idea de que estamos generando una categoría nueva de trabajadores».

También consideró que la afección del coronavirus «ha venido para quedarse» por lo que esa modalidad de tareas «va a estar ahí el día que termine» el aislamiento social.

La iniciativa sufrirá modificaciones en la Cámara alta aunque fuentes oficiales indicaron que no será «sustantivas». En ese marco, legisladores señalaron que existirían variaciones en el punto 8, que establece la reversibilidad, es decir, la posibilidad que permite al teletrabajador pasar a ser un empleado presencial en cualquier momento de la relación. Un aspecto que preocupa, y mucho, al empresario, hoy más ocupado en achicar gastos y metros cuadrados en medio de una crisis cada vez más aguda.

También, se establecerá que la autoridad de aplicación sea determinada por cada provincia, y no por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y habrá definiciones con respecto a la fiscalización del teletrabajo en los domicilios, con el objetivo de que no exista una invasión a la privacidad de los empleados con tareas a distancia.

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Vale destacar que para la Red de Abogados de Empresa de IDEA, si se mantiene el texto tal cual fue aprobado en la Cámara baja, las compañías estaría obligadas a «tener una cantidad de escritorios vacíos preparados” para aquellos empleados que deseen de un momento a otro pasar de la modalidad remota a la presencial.

Estos cuestionamientos se suman a las críticas que mantienen ciertas ramas gremiales y abogados laboralistas ante la posible «pérdida de derechos» que pueden sufrir los trabajadores si la normativa queda sancionada.

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