En el marco de las tensiones por la ocupación de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi por una comunidad mapuche, diputados opositores piden que la ministra de Seguridad se presente al Congreso para explicar sus dichos al respecto y los motivos por los que presentó una denuncia penal contra un grupo de vecinos de la zona de Villa Mascardi que el pasado viernes convocó a una “Banderazo patriótico” contra las ocupaciones.
Para justificar la denuncia realizada, la ministra afirma que entre los convocantes a la caravana que intentó acercarse hasta la zona ocupada por la comunidad originaria (que fue interceptada por la policía rionegrina antes de llegar a destino) se produjeron inaceptables expresiones amenazantes y racistas, además de la exhibición de armas de fuego, lo que implicaba un severo peligro de escalada del conflicto. Según la funcionaria, el Gobierno nacional apuesta a la vía del diálogo para la resolución de un conflicto que ya lleva más de tres años y que en 2017 tuvo un desenlace fatal con el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel a manos de un efectivo del grupo Albatros. En ese contexto Frederic también aseguró que la toma de tierras no constituye un problema de seguridad nacional, afirmación que fue criticada por numerosos dirigentes opositores y hasta por integrantes del Frente de Todos, como su para bonaerense Sergio Berni.
Diputados de Juntos por el Cambio preparan una ofensiva contra la funcionaria, que incluye un pedido de interpelación y juicio político, con la presentación de tres proyectos de ley impulsados por Lorena Matzen y Karina Banfi (UCR), Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) y Francicso Sánchez (PRO). Matzen explicó: “Me parece que ante el miedo que han vivido esos vecinos, los niveles de violencia y de daños materiales, la ministra no puede denunciar a los que se manifestaron pacíficamente. Es grave en virtud de su cargo y realmente es para pedirle juicio político, la renuncia y todo, porque no puede actuar irresponsablemente y da la sensación de que estamos en un Estado donde se premia a los violentos”.
El proyecto de la diputada pide que se convoque a Frederic para que explique si la denuncia penal presentada contra los manifestantes del banderazo “se encuentra enmarcada en las tareas de ’vigilancia y ciberpatrullaje en las redes sociales’” que realiza el Ministerio y “si en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio establecido por el Decreto N° 297/20 y sus respectivas prórrogas, se encuentra suspendido el derecho de libertad de expresión”. Otro de los proyectos amplía: “No se sabe qué medidas concretas ha tomado el Ministerio de Seguridad frente a las usurpaciones e intimidaciones llevadas adelante, y denunciadas por las víctimas, en relación a los casos que se encuentran en su jurisdicción. Es una problemática que ha tomado trascendencia nacional y que resulta de importancia de la cámara contar con información precisa de la cuestión”.
El pedido de juicio político corre por cuenta del diputado del PRO y sería presentado en las próximas horas. Allí Sánchez afirma que Frederic “no garantiza ningún derecho constitucional: ni el de la propiedad privada ni el del libre movimiento y circulación”. Y añade: “En cambio, justamente por omisión, convalida el delito de usurpación y omite encarcelar a personas peligrosas que arrojan objetos contundentes en las rutas, incendian viviendas y amenazan personas”.
“Existe una inacción por parte del Estado Nacional, tanto del Ministerio de Seguridad como del INAI, que no diferencian a las comunidades mapuches pacíficas, de este un grupo de inadaptados violentos, organismos que no ha dado señales en relación a la solución del conflicto. Todo lo contrario, frente al reclamo legítimo de los ciudadanos en pos del cumplimiento de la ley y el reclamo de la supuesta comunidad originaria que se hace mediante la violencia y el amedrentamiento al resto de la comunidad, se privilegió a los violentos”, concluye.
También el interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado reclamó la presencia de la Ministra de Seguridad para que brinde explicaciones. Pablo Daniel Blanco, autor del pedido, además instó a que Frederic “defienda la soberanía nacional, los derechos humanos y la propiedad privada”.
Este lunes, la ministra también fue denunciada en los tribunales de Comodoro Py por un abogado rionegrino, quien afirma que su actuación en el conflicto implica “encubrimiento”, “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad”.
