Este viernes, después de que el día anterior el diputado oficialista Rodolfo Tailhade lo acusara de enriquecimiento ilícito, el procurador interino Eduardo Casal decidió autodenunciarse para que se realice una investigación judicial sobre el particular.
Durante la reunión de la Comisión de Monitoreo y Seguimiento del Ministerio Público de la Nación, Tailhade denunció que de las declaraciones juradas del actual jefe de los fiscales se desprendía un “escandaloso incremento patrimonial”.
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En ese sentido, afirmó que a fines de 2016, después de décadas de trabajo en la Justicia, Casal tenía sólo tres propiedades y que actualmente, luego de unos años al frente del Ministerio Público Fiscal, tiene once, y que en ese lapso “cuadruplicó” sus tenencias en dinero en efectivo. Además, informó de la titularidad de una cuenta en el Standard Chartered Bank, al que definió como “uno de los canales habituales de fuga de divisas de nuestro país”. Y añadió: “No quiero pensar que el procurador interino tenga una cuenta afuera”.
El diputado reconoció que “esas ocho propiedades que sumó como procurador interino están justificadas, aparentemente, de herencia”, pero planteó la necesidad de avanzar con una investigación sobre el particular.
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Ante esta situación, trascendió que Casal se mostró muy molesto por las acusaciones, destacó que todas sus declaraciones juradas fueron presentadas en tiempo y forma y descartó cualquier irregularidad. En su autodenuncia, manifestó: “Más allá de lo infundado de las imputaciones y de las finalidades que en este contexto puedan tener, me presento a efectos de que se designe el juzgado que habrá de intervenir en la investigación de mi patrimonio a efectos de aclarar los extremos puestos de manifiesto por el diputado”.
El Procurador interino además hizo notar que los dichos públicos de Tailhade sobre el dinero de su declaración jurada lo ponen en “una situación de peligro” ante posibles intentos de robo. Por último, recordó que el uso indebido de la información vertida en las declaraciones juradas se encuentra reñido con la Ley de Ética en la Función Pública.
