Luego de las elecciones legislativas del pasado fin de semana, el Gobierno nacional volvió a enfocarse en la licitación para la operación privada de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados-Planicie Banderita y Piedra del Águila—. El objetivo es renovar los contratos de concesión vencidos en 2023, incorporando reglas más claras y un análisis detallado de los antecedentes de las empresas oferentes.
El esquema contempla la participación privada en la gestión de las represas, con la posibilidad de que las provincias de Neuquén y Río Negro ingresen con hasta un 10% del capital accionario. También se incorporó un canon por el uso del agua, y un porcentaje de los ingresos se destinará a obras de infraestructura hídrica definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
Entre las empresas interesadas están las operadoras actuales —Enel Generación, Central Puerto, Aconcagua Energía Generación y AES Corporation— junto a nuevos actores como Pampa Energía, YPF Luz, Genneia, MSU Energía, TotalEnergies y grupos chinos vinculados al sector hidroeléctrico.
Un aspecto que el Gobierno no pasa por alto es el antecedente de juicios que las empresas tienen con el país. Entre esos antecedentes figura el caso de AES, que operaba la represa Alicurá y obtuvo en 2025 un fallo favorable en un juicio internacional por más de US$700 millones, tras un extenso litigio iniciado tras la pesificación de contratos en los años 2000.
Fuentes oficiales aclaran que la existencia de estos antecedentes no impide la participación de las empresas, pero sí «obliga a un análisis más cuidadoso» antes de adjudicar la concesión. «El país no puede exponerse a repetir conflictos jurídicos que terminaron costando millones de dólares», señalaron.
La nueva fecha de presentación de ofertas está prevista para el 7 de noviembre de 2025, y el Gobierno espera concluir el proceso antes de fin de año.
