La Cámara Federal porteña confirmó hoy los sobreseimientos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y del exministro de Transporte Guillermo Dietrich, en la causa por supuestas irregularidades en la licitación pública internacional para la construcción del Paseo del Bajo.
El fallo lleva la firma de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Estos dos últimos están en la mira del kirchnerismo. En el Senado ordenó que deben volver a sus tribunales de origen, ya que fueron trasladados a este tribunal superior a dedo durante el Gobierno de Macri.
En su fallo coincidieron con el instructor de la causa, el fallecido Claudio Bonadio, “sobre la inexistencia de una maniobra tendiente a favorecer a una de las contratistas, causándole un perjuicio patrimonial al erario público”. La denuncia que originó el expediente señalaba que el orden de la licitación de los tramos que compusieron la obra del Paseo del Bajo fue alterado de modo tal que una Unión Transitoria de Empresas (UTE). Esa compañía está integrada por la firma Iecsa S.A.. que había estado vinculada a la familia Macri, ganara la licitación del tramo más oneroso.
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La hipótesis de la denuncia fue sostenida por la fiscal Alejandra Mangano y por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez. En diciembre de 2019 apelaron la decisión de Bonadio de cerrar la causa y sobreseer a los imputados por considerar que se trataba de una resolución apresurada dado que faltaban pruebas por realizarse y testimonios por escucharse en el expediente.
“Al momento en que se optó por esa forma de contratación, no era posible conocer qué empresas se presentarían a la licitación, cómo serían sus ofertas y cuál de ellas resultaría adjudicataria. Por lo cual era incierto e imprevisible saber o suponer que no se presentarían otras ofertas más convenientes que la de IECSA-Fontana Nicastro”, afirmaron los jueces de la Cámara de apelaciones para desechar los intentos de la fiscalía por reabrir la causa.
«La valoración de los elementos de prueba incorporados en autos permiten descartar que la alteración del orden de apertura de los sobres en la licitación haya tenido algún propósito merecedor de reproche penal», concluyeron.
