El juez federal de Junín Héctor Pedro Plou ratificó la constitucionalidad del protocolo de uso de armas para las fuerzas federales de seguridad, impulsado por la cartera que conduce la ministra Patricia Bullrich.
En su fallo, Plou rechazó un recurso de amparo presentado por la asociación “Linqueños por los Derechos Humanos” y les impuso las costas del juicio por entender que la denuncia es “parcial, arbitraria e inexacta” en tanto “ignora aquellas disposiciones que contradicen su posición, aunque formen parte necesaria del articulado que cuestiona”.
La denuncia impulsada por la asociación de DDHH pedia se declare inconstitucional e ilegal la Resolución N°956/2018 que otorga más libertades a las fuerzas de seguridad federales para el uso de armas de fuego. Según este polémico protocolo, en caso de delito los agentes pueden disparar sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa.
El protocolo, publicado el 27 de noviembre pasado con la firma de Bullrich, considera válido el uso de armas letales en caso de “defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves” o “para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas”.
Gabriel Ganón, uno de los referentes de la asociación de DDHH consideran que la decisión judicial es “un fallo a pedir de boca del Gobierno” y denuncian que “la independencia judicial no solo te la debo sino que se exhibe como lo que siempre fue, un mito inasequible de la revolución burguesa del siglo XVIII”.
En la Ciudad de Buenos Aires el juez porteño Roberto Gallardo había hecho lugar a un recurso de amparo contra el protocolo, pero la Sala III de la Cámara de Apelaciones luego suspendió su resolución.
