La Oficina Anticorrupción (OA) confirmó la presentación de una denuncia penal en la Justicia Federal contra los ex ministros de Salud de Cambiemos por las 600 mil dosis de vacuna triple que se encontraron en un frigorífico en agosto. En la denuncia se incorpora el dato del aumento de las tres enferemedades a prevenir (difteria, tétanos y tos convulsa) durante 2019 por lo que además del incumplimiento de los deberes de funcionario público se incorpora como delito la “propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa” en su variante culposa.
Además de 12 millones de dosis de vacuna antigripal vencidas, en agosto se encontraron en un frigorífico 600 mil dosis de vacuna triple bacteriana acelular del laboratorio GlaxoSmithKline Biologicals S.A fueron compradas por el Gobierno de Cambiemos para ser distribuidas como parte del Plan Nacional de Vacunación, pero pasaron siete meses en la terminal de cargas de la aduana sin que se chequera el mantenimiento de la obligatoria cadena de frío, para ser luego almacenadas en un frigorífico. La responsabilidad por ese proceso corresponde sobre todo a los ex ministros de Salud Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, así como también a la ex ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley.
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La presentación de la OA confirma el pago de 6,6 millones de dólares por las dosis, con factura del 26 de noviembre de 2016. El embarque llegó al país en diciembre de 2016 y luego quedó en la terminal de cargas de Aeropuertos Argentina 2000 durante siete meses, hasta el 13 de julio de 2017, cuando se trasladaron al Frigorífico Oneto. Esta empresa recibió 4.370.000 pesos sólo por el almacenamiento de las vacunas, de un total de 205.207 dólares por otros servicios.
Durante 2019 la tasa de letalidad en casos de tos convulsa duplicó a la del año anterior, con 947 decesos; en el caso de la difteria, reaparecieron casos en el país, cuando el último se había registrado en 2006 y, finalmente, en lo que hace al tétanos, ese4 año se confirmaron 6 casos, de los que dos terminaron en muertes. Por esto, resultado del incumplimiento de la Ley de Vacunación Obligatoria, la OA le atribuye a los funcionarios el delito de “propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa”, que prevé de seis meses a cinco años de prisión.
