En la causa penal que investiga los millonarios préstamos irregulares que el Banco Nación entregó al grupo Vicentin, el fiscal Gerardo Pollicita pidió nuevas medidas para tratar de recuperar parte de estos fondos y develar una posible estrategia de “vaciamiento” de la empresa por medio de un complejo entramado empresarial. Después de haber solicitado la inhibición general de bienes del directorio de la empresa, de accionistas y exfuncionarios del Nación, ahora el fiscal pidió se inicie una investigación patrimonial de cada uno de los involucrados.
Pollicita involucró en la causa a la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) con el objetivo de que detecte, identifique y decomise bienes y fondos de los inhibidos que pudieran provenir de delitos. Luego remarcó que se deberá apuntar a “la localización y recupero de los fondos provenientes del fraude al BNA, tanto de aquellos derivados del presunto otorgamiento irregular de préstamos, como de los provenientes de la extracción ilegítima de los fondos existentes en las cuentas de garantía” tanto de Vicentin como de Algodonera Avellaneda.
Alberto reconoció que no evaluó bien la reacción social que generaría la intervención de Vicentin
En las semanas previas a que Vicentin se declarara en situación de “stress financiero” y dejara de cumplir con sus compromisos, los activos de la empresa sufrieron pérdidas por más de 88.000 millones de pesos, cifra que equivale al total de la deuda con terceros por la que se decretó la convocatoria de acreedores. El principal ítem entre los activos de la cerealera es Bienes de Cambio (que incluye materias primas, productos elaborados y otros rubros), que en octubre de 2019 contabilizaba más de 84.000 mil millones de pesos y que apenas cien días más tarde, cuando se presentó un informe de activos y pasivos en el marco del concurso de acreedores, reconocía sólo un saldo de 610 millones de pesos, menos del uno por ciento de la cifra previa. Estas cifras podrían dar cuenta de una clara maniobra de vaciamiento y fuga de capitales, que es lo que intenta establecer la investigación de Pollicita.
El fiscal ya había solicitado la inhibición de bienes para 26 involucrados, entre los que se cuentan el ex presidente del Banco Nación Javier González Fraga, el exvicepresidente de la entidad Lucas Llach y los directores Agustín Pesce, Miguel Ángel Arce, Carlos Alberto Castellani, Guillermo Goldberg, Jorge Lawson, Javier Okseniuk, Marcelo Javier Pose y Ercilia Antonia Nofal. También el gerente general Juan José Fragati, la subgerente general de Riesgo Crediticio Susana Ojeda, el subgerente general de Banca Corporativa Martín Enrique González, la subgerente Departamental de Soporte Crediticio Maricel Moschini, los gerentes de la zonal Reconquista José Luis Testa y Luis María Restelli y los gerentes de la sucursal Reconquista Darío Giaccosa y Néstor Ariel Bled. Por el lado de la empresa, la inhibición recayó sobre los directivos Roberto Vicentin, Osvaldo Boschi, Martín Colombo, Herman Vicentin, Alberto Macua, Máximo Padoan, Daniel Buyatti y Sergio Nardelli.
Aunque la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) había pedido la inhibición general de bienes también para el ex presidente Mauricio Macri, el presidente del Banco Central Guido Sandleris y los empresarios Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, el dictamen de Pollicita consideró que por el momento no hay datos en la investigación que justifiquen la medida.
Por otro lado, este martes se concretó la primera audiencia de conciliación entre el Gobierno de Santa Fe y el directorio de Vicentin en el juzgado civil y comercial de Fabián Lorenzini, donde la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de esa provincia insistió con el pedido de intervención para “evitar la quiebra”, remarcando que los actuales administradores designados por los accionistas “no están en condiciones” de continuar con su tarea porque “son los que han llevado a esta situación” a la firma.
