Vicentin: La UIF pidió la inhibición de bienes de Macri, González Fraga y directivos de la empresa

Este viernes la Unidad de Información Financiera (UIF) aportó información a la causa que investiga los préstamos irregulares al Grupo Vicentin por parte del Banco Nación durante la gestión del radical Javier González Fraga y pidió ser querellante de la misma. Además el organismo antilavado pidió que se evalúen embargos preventivos a la empresa y una inhibición general de bienes de los imputados en la causa: el propio González Fraga, el ex presidente Mauricio Macri, el ex titular del Banco Central Guido Sandleris y los directivos de la empresa Alberto Padoan y Gustavo Nardelli.

Desde la UIF confirmaron la presentación de un escrito firmado por el apoderado del organismo Claudio Javier Castelli a la causa que lleva el juez federal Julián Ercolini y el aporte de datos sobre un posible trazado de los fondos manejados por la empresa con la hipótesis de una posible cesación de pagos “fraudulenta” en simultáneo con el giro de dinero al exterior por medio de “complejas maniobras de lavado de activos”. El organismo antilavado pidió se investigue en particular el rol de la multinacional Glencore, socia de Vicentin en la planta de molienda Renova.

Vicentin contrapropone “alternativas público-privadas superadoras” de la expropiación

La presentación de la UIF, que también pidió que la Justicia dicte de forma urgente medidas cautelares más allá de la feria judicial por la epidemia de coronavirus, se concreta en simultáneo con la intervención efectiva de la empresa, decidida por el Poder Ejecutivo, que apunta a determinar la situación financiera de la empresa y sus movimientos de activos en los últimos años, en particular después de haber recibido el millonario préstamo del Banco Nación. El grupo Vicentin, además, fue uno de los principales aportantes para la campaña presidencial 2019 de Juntos por el Cambio, con más de 27 millones de pesos.

La causa que lleva Ercolini investiga si el Banco Nación autorizó de manera irregular un crédito de 18.500 millones de pesos (una tercera pare de los cuales fueron autorizados en noviembre de 2019, cuando la empresa ya estaba en cesación de pagos), en contra de las propias normativas de la institución e ignorando una serie de advertencias internas contra esa decisión. La investigación nace de la denuncia de uno de los actuales directores de la entidad, el economista Claudio Lozano, quien al asumir detectó que el proceso de endeudamiento de Vicentin con el Banco Nación durante la gestión de González Fraga superaba “los límites a los que podía acceder la firma en función de los establecido por la normativa del Ente Regulador para las Grandes Empresas”.

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