Aníbal Fernández, el interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), se presentó en la Justicia para denunciar a su antecesor en el puesto durante la gestión de Cambiemos, Omar Zeidan. De acuerdo a la denuncia que presentó el actual funcionario, el extitular de la institución nombró «al menos 417 personas como parte de la planta permanente días antes de las elecciones de 2019».
La acusación precisa que Zeidán habría nombrado «a más de 400 nuevos empleados como parte de la planta permanente de la empresa dos días antes de los comicios». Las designaciones habrían sido ejecutados «en colaboración con el exsubgerente de Recursos Humanos de la empresa, Raúl Guimard».
La causa se encuentra en manos de los tribunales de Comodoro Py y se sospecha que en YCRT se «conformó una asociación ilícita». A su vez, dicha organización “habría causado un perjuicio patrimonial al Estado por la suma aproximada de 156 millones de pesos”.
Río Turbio: Aníbal Fernández revocó por «ilegítimas» 400 designaciones del macrismo
En el marco de este proceso de revisión de la actividad empresarial, el exfuncionario de Cristina Fernández de Kirchner anuló los contratos de los 417 empleados, lo cual motivó el inicio de un conflicto dentro de la institución. La administración que coordina Fernández señala que las designaciones: “Nada tuvieron que ver con el desarrollo productivo ni la consecución de los objetivos de YCRT, dado que la empresa estaba paralizada”.
El pasado 20 de febrero, en su cuenta de Facebook, Fernández explicó que el 29 de noviembre de 2019, “días antes del cambio de gobierno, el entonces interventor de YCRT, Omar Zeidán, efectuó la contratación de 417 agentes en planta permanente” y explicó que esas designaciones se fundamentaban “en supuestas ‘inversiones programadas’, las ‘inmejorables condiciones creadas por el gobierno’ de Macri y la necesidad de contar con mayor personal”.
Para el ex jefe de Gabinete, esos argumentos eran “todas falacias”, ya que “las actividades del complejo se encontraban virtualmente paralizadas por medidas de fuerza del personal y por el estado de crisis de la empresa”.
En ese marco, anunció que procedió a “la revocación de la resolución (que ni siquiera fue firmada por la autoridad de aplicación de Trabajo) por la ilegitimidad de las contrataciones” y anunció que instruyó “la correspondiente denuncia penal contra el interventor saliente por franca desviación de poder y por delitos de acción pública en perjuicio de YCRT”.
