La Justicia intimó al Ministerio de Desarrollo Social a cumplir, en un plazo máximo de diez días, con la cautelar que ordena restablecer las pensiones no contributivas suspendidas o eliminadas a fines del mes de junio. Aunque el funcionario que firmó la resolución fue separado de su cargo y la ministra Carolina Stanley aseguró que la decisión se retrotraía a fojas cero, hasta el momento sólo se reintegraron 10 mil de las más de 126 mil pensiones eliminadas.
La intimación judicial, firmada por la jueza de la Seguridad Social Adriana Cammarata, no da lugar a las múltiples maniobras dilatorias del gobierno y argumenta la necesidad de restaurar inmediatamente esos miles de pensiones “considerando el muy elevado número de personas involucradas en el colectivo y su estado de vulnerabilidad que impone su atención inmediata” y amenaza con sanciones monetarias por cada día de demora del Ministerio en cumplir con la resolución. El fallo incluye a las pensiones dadas de baja luego de tres meses de que sus beneficiarios no se presentaran a cobrarlas, hecho que el gobierno también aprovechó para justificar su baja aunque en muchos casos la ausencia se debía precisamente a problemas de salud.
La Asociación REDI (Red de Personas con Discapacidad) llevó su planteo contra la arbitrariedad de las bajas del Ministerio a la Cámara Federal de la Seguridad Social que terminó ordenando a Desarrollo Social la restitución de las pensiones no contributivas por invalidez dadas de baja en el último año y medio. El Gobierno cuestionó la representatividad de la Asociación y apeló argumentando que ya se había devuelto 9728 pensiones.
Pero la decisión firmada por los camaristas Nora Carmen Dorado y Luis René Herrero dejó en plena vigencia la obligación de reponer los beneficios hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, pero Desarrollo Social no dio cumplimiento a la orden judicial. Por esto REDI solicitó a la jueza Cammarata que inicie la ejecución de la medida cautelar dictada el 5 de septiembre pasado y exigió al Estado nacional un informe completo acerca de la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez vigentes al primero de febrero del año pasado, con identificación de sus titulares, suspendidos y rehabilitados, así como de la documentación que se tomó en cuenta para decidir la suspensión o la baja del beneficio de 4000 pesos mensuales.
