Después de una jornada legislativa de más de 12 horas, en paralelo con combates por la Plaza Congreso y cacerolazos en toda la ciudad, el oficialismo logró convertir en ley el proyecto de reforma previsional, por 128 votos a favor contra 117 de la oposición, con sólo dos abstenciones (la chaqueña Elda Pertile y la santiagueña Mirta Pastoriza). Finalmente la alianza Cambiemos logró el apoyo de un grupo de diputados peronistas, particularmente de las bancadas Argentina Federal (que responde a los gobernadores) y del Bloque Justicialista, pero con el altísimo costo político que implica haber tenido a la ciudad convertida en un campo de guerra durante casi un día.
Alrededor de las 7 de la mañana finalmente fue aprobado el proyecto de reforma previsional que implica una modificación a la baja en la fórmula que calcula la actualización de los haberes de jubilados, pensionados por discapacidad, ex combatientes de Malvinas y los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y embarazo. Para lograr ese objetivo luego de la fallida sesión del jueves pasado, el Gobierno debió presionar a los gobernadores para que disciplinen a sus diputados y también se vio obligado a hacer algunas concesiones no incluidas en el proyecto original, como la promesa de un bono compensación de 700 pesos para los jubilados que ganen menos de 10 mil pesos (o de 375 si se jubilaron sin los aportes completos).
El marco en el que se logró la votación fue el de una ciudad absolutamente convulsionada, como hace años que no se veía. Al mediodía del lunes la CGT comenzó con un paro de 24 horas (que no incluyó medios de transporte, salvo algunas aerolíneas que se adhirieron también en el marco de su lucha paritaria) y poco de empezar la sesión, a las 14, la Plaza Congreso se transformó en un campo de batalla entre cientos de manifestantes y la Policía de la Ciudad, responsable del operativo de seguridad luego de que las críticas al accionar de Gendarmería del pasado jueves metieran presión en este sentido. Después de que finalmente se desalojara la plaza, con decenas de heridos entre policías y manifestantes, las escaramuzas se trasladaron a la Avenida 9 de julio, donde hubo varias horas más de disputas. Por la noche, cacerolazos autoconvocados en toda la ciudad comenzaron a hacerse oír y finalmente muchas de esas múltiples convocatorias confluyeron en una concentración frente al Parlamento de decenas de miles de personas, que se mantuvo hasta alrededor de las 3 de la mañana de este martes.
En el recinto se plantearon primero varias horas de cuestiones de privilegio con las que las que la oposición buscó que se levante la sesión en vista de la violenta represión que se estaba llevando adelante en la Plaza, pero el oficialismo rechazó cada una de las mociones en este sentido. También la propuesta de la diputada Graciela Camaño de que el proyecto vuelva a comisiones y se trate en una nueva sesión con algunas modificaciones.
Durante el extensísimo debate la oposición detalló todos los aspectos en los que la ley vulnera los derechos de los jubilados e implica un recorte en cuanto a sus ingresos hacia el futuro. También se planteó insistentemente que el proyecto de ley es inconstitucional, en tanto vulnera derechos adquiridos, y se anticiparon planteos judiciales en ese sentido. La diputada massista, especialista en temas previsionales, Mirta Tundis, explicó en su exposición: “Dicen que la ley no vulnera ni afecta los derechos de los mayores, sin embargo afecta los derechos humanos del sector alcanzado por esta reforma, que en realidad es un ajuste, es un recorte. Esta ley es inconstitucional porque viola tratados, convenciones, como la del derecho del niño, fallos de la Corte Suprema de Justicia. Esto va a ir a la justicia pero sólo se van a poder defender los jubilados con haberes más altos, el que gana 7600 pesos no va a poder contratar un profesional para defenderse”.
Todos los sectores opositores al proyecto también cuestionaron al bono “compensación” que implicará una erogación para el estado de unos 4 mil millones cuando luego el Estado se quedará con mil millones de pesos de los jubilados durante el año 2018. El ex ministro de economía Axel Kicillof, resumió: “En este Parlamento tenemos un problema con realidad si no le decimos a la gente de que se trata esto. Esto se trata de sacarle la plata del bolsillo a los jubilados. Tiene ese único nombre, aunque le agrego a los trabajadores, embarazadas, población vulnerable. Es un saqueo no tiene otro nombre”.
