Casi callado, sin prensa, ni objeciones, dentro del pacto fiscal que convirtió hoy en ley la Cámara de Diputados existe un artículo que en el Gobierno genera expectativas ante el, por ahora, estancamiento de la reforma laboral en el Senado: se trata de la creación del mínimo no imponible de cargas y contribuciones.
En los pasillos de la Casa Rosada sostienen que con ese punto se reactivaría el blanqueo de empleados y la generación de empleo. Ese ítem, asimismo contiene un aumento gradual hasta 2022, en donde se alcanzaría un porcentaje establecido, 19,5% del salario. Dentro de la ley también se sostiene que se tratará de un porcentaje único para todos los rubros y provincias. El año que viene comenzará con un piso del 17% y será escalonado dependiendo del salario en bruto. Para los salarios más bajos, en 2018 las cargas del empleador serán de $ 2400 mensuales y ascenderá año a año hasta que en 2022 alcance los $ 12.000 por mes. Se ajustarán por inflación.
«Eso es lo importante, buscar la generación de empleo en blanco. Porque a más empleo en blanco son más los aportes de Seguridad Social. Es una de las formas también de evitar el desfinanciamiento de la ANSES», le dijo a este medio una alta fuente gubernamental que volvió a remarcar que dicho artículo es un paliativo, un plan B, hasta que se logré avanzar con los demás puntos que tiene la reforma laboral.
De acuerdo a lo que explicaron fuentes legislativas, el presidente de la bancada peronista en la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto, no tienen intenciones de llegar a un acuerdo para tratar dicha reforma durante las sesiones extraordinarias, sino todo lo contrario; conformar la comisión de trabajo en febrero y que a partir de allí se empiece a debatir el proyecto.
Asimismo, en el ministerio de Trabajo por estas horas hay cierto malestar con varias de las centrales obreras debido a que en las negociaciones se pacto una serie de apoyos y muestras de acompañamiento; y todavía no aparecieron.
