La semana pasada Cambiemos logró aprobar en la Legislatura bonaerense la designación de María Fernanda Inza como contadora general de la provincia, ubicando en un puesto clave para el control de la transparencia administrativa provincial precisamente a la que fuera secretaria legal y técnica de la gobernadora María Eugenia Vidal y una posible implicada en el escándalo de los aportantes truchos a la campaña electoral de 2017.
Más allá del hecho de que incluso la tía abuela de la flamante Contadora General, Armanda Inza, figurara como responsable económica de la campaña de 2015 y luego negara haber jugado algún rol partidario para Cambiemos, hay otras causa que justificaron las suspicacias de la oposición. En 2015, a pocos días de la asunción de Mauricio Macri, a quien acompaña desde su gestión en CABA, Inza fue denunciada junto a Pablo Clusellas por el pago de sobresueldos a familiares y militantes de Cambiemos desde la Secretaría Legal y Técnica. Luego también estuvo involucrada en la causa contra Julio De Vido por el presunto pago de sobreprecios en la compra de Gas Natural Licuado, operación en la que avaló lo actuado como consultora por la UBA.
La función de la Contaduría General es “controlar la administración pública gestionando con el compromiso de lograr probidad, transparencia, honestidad y calidad del gasto público”, un cargo que, como es usual en todos los de contralor o veeduría, debería ser cubierto por la oposición y no por una funcionaria de confianza de la gobernadora a la que se supone deberá controlar.
Pero esta dinámica de cubrir los puestos de control de la administración provincial con gente de confianza ha sido característica de la administración de Vidal, al tiempo que se han dejado vacantes otros despachos que deberían ejercer labores de contralor dentro y fuera del Poder Ejecutivo.
Luego de sortear múltiples impugnaciones, en diciembre de 2016 el ex secretario de legal y técnica de Vidal, Julio Conte Grand, fue designado procurador general de la provincia. En abril de 2017, la gobernadora anunció la creación de la Oficina de Fortalecimiento Institucional (en vez del Tribunal Social de Responsabilidad Política, un órgano autárquico previsto en la Constitución provincial de 1994 y reclamado por la oposición), un organismo no autárquico que integra el Poder Ejecutivo. Por otro lado, siguen demorados los reemplazos de tres de los 5 miembros del Tribunal de Cuentas bonaerense, por lo que los dos integrantes restantes siguen analizando las cuentas públicas pero no pueden dictar fallos ni fijar multas. La situación se replica en el fuero Contencioso Administrativo (a cargo de las causas que involucran a la administración provincial), con uno de los cuatro juzgados vacante y otro tiene con su titular, Luis Arias, suspendido por juicio político. Finalmente, luego del intento de subsumir la Asesoría General de Gobierno (una estructura de control jurídico) en la Secretaría Legal y Técnica el asesor Marcelo López Mesa presentó su renuncia y fue reemplazado por Patricio Blanco Ilari, apoderado de Cambiemos en las últimas elecciones.
Desde Cambiemos enumeran los avances en materia de transparencia en la provincia, desde la purga policial hasta la aprobación del sistema de declaraciones juradas, pasando por el programa de transparencia desarrollado por la OFI que adoptaron 47 municipios y otro de integridad para las empresas provinciales que en su momento investigó y denunció a funcionarios del Registro de la Propiedad y del Hipódromo de La Plata.
