La Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Poder Ejecutivo, le solicitó al juez federal Sebastián Casanello que pida al juzgado de Lomas de Zamora las supuestas escuchas a Lázaro Báez y su abogada Elisabeth Gasaro, a pesar de que se trata de un material ilegal y sin peso probatorio.
Si se probara que estas escuchas efectivamente existen, ya que hasta el momento los audios no se dieron a conocer sino apenas unas presuntas desgrabaciones, se trataría de un material ilegal ya que viola el derecho a la defensa y la confidencialidad por tratarse de conversaciones entre un imputado y su abogado defensor. Pero además, fue material obtenido en el marco de una investigación sobre narcotráfico, que el juez Federico Villena ordenó fuera destruido por considerarlo irrelevante para su investigación, orden judicial que no se cumplió, por lo que existen graves sospechas sobre el rol de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en la posterior filtración de estas escuchas.
En las transcripciones de estos presuntos audios Báez habría afirmado: “Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás de la forma adecuada que él quiso que lo administrara”. Este material, difundido en varios programas periodísticos, se tomó como un reconocimiento del rol de testaferro que habría jugado el empresario hoy detenido en relación con bienes que habrían pertenecido al ex presidente Néstor Kirchner o a Cristina Kirchner.
El escrito presentado por la UIF, a cargo de Mariano Federici, plantea explícitamente que el objetivo de solicitar estas escuchas es avanzar con el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, en la que la entidad es querellante. Las escuchas además fueron negadas tanto por Báez como por su abogada, que afirman que esos dichos nunca existieron.
La UIF trata de revertir con esta prueba irregular la falta de mérito dictada para la ex presidenta por el juez Casanello en la primera etapa de instrucción de la causa. En su escrito plantea: “Habiendo tomado conocimiento por medios periodísticos de la presunta existencia de una escucha en la cual Lázaro Báez indicaría no ser el verdadero titular de sus bienes”. Y a partir de esto reclama que se usen las escuchas para procesar a Cristina Kirchner (“que se dicte el procesamiento de la imputada por ser –en definitiva– la titular de los bienes a los que Lázaro Báez intentaba dar apariencia de licitud”), considerando suficiente material probatorio la difusión periodística de unos audios que no salieron a la luz y que son ilegales tanto en su obtención como en su carácter de confidencialidad.
Las escuchas ilegales además dieron lugar a una presentación hecha por las diputadas Elisa Carrió y Paula Olivetto contra la investigación de la red de espionaje ilegal que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla (denunciando que todo habría partido de un complot de los ex funcionarios kirchneristas detenidos en la cárcel de Ezeiza) y por el propio fiscal Carlos Stornelli, declarado en rebeldía en la causa por no presentarse a declarar en cinco ocasiones.
