En el inicio de la feria judicial, el cuestionado fiscal Carlos Stornelli imputó al presidente Mauricio Macri, del ministro de Transporte Guillermo Dietrich y del ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel en la causa que investiga una serie de irregularidades en el proceso de renegociación de la concesión de los peajes a la empresa Ausol SA.
La denuncia que hoy está en manos del juez Rodolofo Canicova Corral, había sido originalmente presentada por los diputados Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau. Se cuestiona la autorización por decreto del pago de casi 500 millones de dólares a Ausol para que desista de una demanda ante el Ciadi, mientras el Grupo Macri mantenía un porcentaje accionario de esta concesionaria del Acceso Norte.
Tres días antes de la asunción presidencial de Macri, la empresa amenazó con una presentación al Ciadi reclamando 1100 millones de dólares por un supuesto retraso tarifario, con el objetivo de forzar una renegociación.
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El Grupo Socma, de la familia presidencial, recién vendió su participación accionaria en marzo de 2017, por lo que se benefició directamente con el pago de 499 millones de dólares ordenado por decreto por Macri. Pero el grupo también se benefició con el aumento del 400% de las acciones de Ausol, derivado de este acuerdo y de la autorización de aumento de los peajes, por lo que la venta de acciones a mediados de 2017 también fue con una enorme ganancia.
Stornelli ya pidió Procurador del Tesoro y ex abogado del Grupo Macri Bernardo Saravia Frías la documentación vinculada con la presunta denuncia ante el Ciadi, considerada como un “simulacro” por los denunciantes. También se solicitaron los acuerdo de renegociación de contrato, donde se conceden no sólo libertad para aumentar los peajes sino también otra serie de beneficios, incluyendo una garantía de flujo vehícular, cubierta por el Estado.
