Este jueves la Legislatura de la provincia de Chubut buscará aprobar dictamen para tratar al día siguiente un polémico proyecto de “rezonificación”, preparado por el secretario de Minería de la Nación Alberto Hensel, que habilitaría las actividades megamineras en el territorio provincial, una perspectiva rechazada por la mayoría de la población que en 2003 votó en contra en un histórico plebiscito y que desde entonces viene movilizando a distintos sectores políticos, sociales, académicos y profesionales contra la iniciativa. La división en torno al proyecto de Ley de Desarrollo Minero Metalífero Sustentable alcanza al Frente de Todos ya que un sector de los legisladores del PJ se opone a la iniciativa avalada por el gobernador Mariano Arcioni y organizaciones peronistas de ciudades como Esquel hicieron público su repudio.
Aunque el aval a la megaminería viene incluso desde la presidencia de Alberto Fernández, que el pasado 21 de enero se reunió con Arcioni, un hombre muy cercano a Sergio Massa, y apoyó explícitamente el proyecto de rezonificación (“Quiero que digan que me parece un excelente proyecto y que no entiendo cómo no lo trató aún la Legislatura”), la resistencia provincial “en defensa del agua y de la vida” viene creciendo. El proyecto es rechazado por numerosas organizaciones ambientalistas y colectivos académicos y tecnológicas (UNSJP, UTN, Universidad del Chubut, Conicet y las tres regionales provinciales del INTA), científicos, profesionales de la salud, comunidades de pueblos originarios, entidades religiosas, fundaciones, ONG’S, sindicatos y partidos políticos.
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Desde la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) se expresó en los últimos días un claro rechazo a “la farsa de debate sobre el proyecto de zonificación minera promovida por el gobierno provincial la última semana” al tiempo que “repudiaron” el rol del Gobierno Nacional “en la figura del presidente Alberto Fernández que, con sus declaraciones públicas y mediáticas, sigue promoviendo la violación de los Derechos Humanos en nuestros territorios”. Además de denunciar ataques contra las asambleas ambientalistas y una intención de “criminalización de la protesta”, exigieron se cumpla con los tratados y convenios internacionales suscriptos respecto de la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, “respetando el derecho a la autodeterminación de las comunidades mapuche tehuelche que se vienen manifestando reiteradamente en contra de la zonificación minera y en favor de la Iniciativa Popular”.
La intención de forzar la votación del proyecto este viernes también a pesar del creciente rechazo social también responde a la desesperación de la administración de Arcioni para conseguir recursos para una provincia que viene enfrentando gravísimos problemas de financiamiento hace más de un año a pesar de ser la segunda provincia del país en producción de hidrocarburos. Durante 2020 fueron masivas las huelgas de docentes y trabajadores estatales de la provincia en reclamo por el atraso en el pago de salarios y aguinaldos.
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Más allá de que en la Legislatura provincial hay legisladores arcionistas y del PJ que firmaron la segunda Iniciativa popular contra la megaminería, que logró reunir más de 30 mil adhesiones, las presiones por la aprobación del proyecto son fuertes y vienen generando importantes tensiones dentro del Frente de Todos. En los últimos meses incluso hubo un escándalo por un supuesto pedido de coimas del diputado provincial PRO Sebastián López para hacer lobby por el proyecto.
Este miércoles el Consejo del Partido Justicialista de la localidad chubutense de Esquel hizo público un comunicado despegándose de la iniciativa y dando cuenta de la grieta existente en torno a la minería. “Nos encontramos nuevamente con otro ‘ataque’ del lobby megaminero que no posee otro fin que el extractivismo a costa de la salud del pueblo. Las mineras no dan tregua», comienza el comunicado, para luego cuestionar que «con un injustificable apuro» se pretenda realizar «un supuesto debate minero» en la Legislatura, en el que «falta la voz más importante de todas, la del pueblo, el cual repetidas veces se ha manifestado en contra de la megaminería, por medio de distintos mecanismos de democracia semidirecta, avalados constitucionalmente, como el Plebiscito del año 2003 y las dos iniciativas populares que fraudulentamente han sido cajoneadas por los diputados promineros».
En ese sentido, sostienen que como peronistas consideran que es «por demás evidente» que el gobernador Arcioni «no es más que un títere de las empresas megamineras». «No nos representa en ningún aspecto», insiste el texto. Para terminar, convocan a la movilización provincial que se llevará a cabo este jueves contra la iniciativa, en la que «el pueblo con su irrevocable convicción saldrá a defender sus derechos en las calles de Esquel y de toda la provincia».
