El ex vicepresidente Amado Boudou se sentó este lunes por primera vez en el banquillo de los acusados para ser enjuiciado como supuesto partícipe necesario de falsedad ideológica a raíz de haber insertado datos falsos para cambiar la radicación de un automóvil Honda en 2003.
En primera fila junto a sus abogados, el economista escuchó los cargos formulados al enviarlo a juicio y luego se inició la lectura de las declaraciones indagatorias de otros acusados, quienes se negaron a hablar ante los jueces. Después de la lectura de la indagatoria ante el juez Claudio Bonadio del ex funcionario, fue el turno de la presentación que realizó su ex novia, Agustina Seguín.
Al momento de declarar, Boudou no realizó consideraciones políticas y se refirió a cuestiones técnicas de la causa: entre otros puntos, afirmó que ni él ni Seguín (su ex novia) insertaron «datos falsos en el documento del auto».
Consultado por sus ingresos, el ex vicepresidente aseguró que gana $85.000 por mes: 50 mil los recibe por el alquiler de un inmueble y los 35 mil restantes por servicios de asesoría.
Cabe señalar que Boudou, en una causa que se inició en 2009 tras una auditoría de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, habría alterado la fecha real de adquisición de un vehículo Honda CRX Del Sol modelo 92 para perjudicar a su ex mujer, Daniela Andriuolo, a la hora de la separación de bienes conyugales. No solo eso: además habría dado una dirección inexistente al momento de realizar el cambio de radicación del vehículo a Capital Federal, y también se lo acusa por una firma y verificación policial apócrifas.
En dictamen, el fiscal Marijuan expresó que «Amado Boudou es la única persona beneficiada por la irregular transferencia» del automóvil Honda que estaba radicado en el partido bonaerense de Moreno y pasó luego a estar inscripto en la Ciudad de Buenos Aires, para lo cual se usó un formulario 08 con datos falsos y un falso domicilio.
Así se logró «regularizar la situación de un automóvil que por algún motivo no inscribió hasta diez años después de comprado pese a haberle cambiado el motor», lo acusó el fiscal. En la investigación se concluyó que «no hay un solo documento que avale la compra del auto» y que «no se sabe cómo y cuándo llegó ese vehículo a poder del imputado».
