Las últimas semanas de Cambiemos en el poder parecen haber abierto las puertas a un festival de designaciones marcadas por la desprolijidad y el oportunismo. A las ya denunciadas designaciones en el Puerto de Buenos Aires le siguió el pase a planta permanente de decenas de nuevos funcionarios, particularmente en el Senado, y hace pocos días el propio Presidente Mauricio Macri firmó un decreto para tratar de garantizar que los puestos jerárquicos del Estado cuenten con una estabilidad de cinco años o, en su defecto, con una cuantiosa indemnización. Este miércoles también trascendió la designación del actual director general de la Consejería Legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal, como embajador de la Argentina ante el Reino de los Países Bajos y la saga se completará con el intento de designar autoridades en algunos sectores vinculados con las telecomunicaciones, un sector en el que en los cuatro años de gestión no se avanzó en ninguno de los proyectos prometidos.
Con la convocatoria a la reunión de la Comisión Bicameral del área, el macrismo intentará designar nuevos directores para Radio y Televisión Argentina S. E. (RTA), el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Defensoría del Público. La convocatoria contrarreloj se hace cuando ya muchos legisladores se despidieron formalmente de sus cargos, esperando la renovación parlamentaria que se concretará en los próximos días. Representantes del Frente de Todos y expertos en política comunicacional denuncian la evidente irregularidad del plan, que no respeta los procedimientos, los plazos de consulta ni la transparencia requeridas para este tipo de designaciones.
Por decreto, Macri busca extender cinco años la permanencia de los directores generales
Desde el 29 de diciembre de 2015 en que Macri derogó por decreto buena parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), creando Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom, que absorbió las competencias de la AFSCA y la AFTIC, que fueron disueltas), su gobierno viene prometiendo una famosa Ley de Convergencia que ordenaría el área telecomunicaciones a nivel nacional.
El senador santacruceño Eduardo Costa, que este año se postuló fallidamente como gobernador por Juntos por el Cambio, presidente de la Bicameral Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización (integrada por 8 senador y 8 diputados), es el responsable de la convocatoria irregular a sesión de la misma, con un temario que propone la designación del titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, el inicio del procedimiento de propuestas al Ejecutivo Nacional de los tres candidatos para el Directorio de RTA y el inicio de procedimiento de propuestas de los tres candidatos al directorio del Enacom, en proporcionalidad parlamentaria.
Más allá del sospechoso apuro por avanzar en un temario congelado durante años, hay otras numerosas irregularidades, como la vigencia de un articulado de la Ley de Medios que plantea que los directores de la RTA se renuevan “descalzados” de los mandatos presidenciales (es decir, en sintonía con las elecciones legislativas de medio término), por lo que aún si se avanzara con las designaciones, recién podrían asumir en 2021. En cuanto a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, cargo en el que se mantuvo “transitoriamente” y contra la ley al abogado Emilio Jesús Alonso, ni siquiera dan los plazos de consulta requeridos para su designación.
Esta colección de irregularidades llevó a que desde el FpV se rechazara de plano la convocatoria a reunir la Bicameral. El diputado Pablo Carro, secretario de la Comisión, manifestó: “También en políticas de comunicación, Cambiemos pretende resolver en tiempo de descuento, forzando decisiones que no resisten legitimidad ni procedimientos, vía la Comisión Bicameral Audiovisual y TIC”. Y concluyó: “No avalamos la convocatoria ni el temario apresurado para cualquier decisión que comprometa la diversidad y el pluralismo en las comunicaciones. Vamos a recuperar la institucionalidad, el pleno y transparente funcionamiento del Enacom y la Defensoría del Público”.
