Entre los condicionamientos a la economía nacional que plantea la línea de crédito de 50 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra la exigencia de bajar el déficit fiscal. Para ello el Gobierno nacional se comprometió a un recorte de gastos en obra pública de 0,6% del PBI, lo que equivale a unos 60 mil millones de pesos. Desde la Cámara de la Construcción anticipan que los recortes en obra pública pueden poner en riesgo más de 400 mil puestos de trabajo.
Lo que se conoce técnicamente como recorte en gastos de capital ya comenzó a aplicarse incluso antes de la firma del acuerdo con el organismo de crédito internacional, con el compromiso de ajustar 30 mil millones de pesos realizado por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne en medio de la corrida financiera de principios de mayo.
El recorte derivado de las exigencias del FMI comenzará a regir desde 2019, por lo que será central el debate en torno al Presupuesto para el próximo año, respecto al que el Gobierno de Mauricio Macri llamó a un “gran acuerdo nacional”. Para intentar que la abrupta disminución de aportes estatales para obra pública no impacte en un desplome de la construcción, el único sector que dinamizó la economía durante estos años, el Ministerio de Finanzas encabezado por Luis Caputo apuesta al desarrollo efectivo del programa de Participación Público Privada (PPP), a través del que se podría continuar con la obra pública pero sin aporte estatal, una estrategia que cuenta con el visto bueno del FMI.
Según el Presupuesto 2018, existen 52 obras públicas programadas para los próximos dos años, con una inversión cercana a los 20 mil millones de dólares, que apuestan a cubrirse con el PPP. Algunas de estas obras ya han sido licitadas (seis corredores viales en Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Mendoza y Santa Fe) y las próximas licitaciones, aún sin fecha, serían para la Red de Transmisión Electrica Etapa 1, la denominada Red de Expresos Regionales y el programa de Eficiencia Energética en Alumbrado Público. Otras obras incluyen la construcción de cárceles, hospitales, plantas potabilizadoras y sistemas de cloacas en distintos puntos del país.
Pero la retirada estatal del financiamiento de las obras públicas y la eficacia aún no comprobaba del sistema PPP plantea serios interrogantes para el sector de la construcción, que en los últimos años ha podido crecer notablemente gracias a este tipo de emprendimientos. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción (CAMARCO), consideró: “Estamos frente a un problema grave, van a echar muchos trabajadores de la construcción. Si desaparece la obra pública hay 430 mil puestos laborales que están en riesgo”.
El empresario consideró que las obras a través de PPP no podrán reemplazar a la inversión estatal ya que la financiación es muy alta, de más de 11% en dólares.
“Se viene un panorama muy complicado para este sector, se necesitaría con políticos que piensen a largo plazo y no sé si esto es posible en este país”, insistió Weiss, quien destacó que la construcción venía creciendo entre 6 y 8 puntos en los últimos meses y que las recientes decisiones plantean un futuro de estancamiento. “El Gobierno dice que tiene que recortar $100 mil millones de los gastos que ya venía haciendo, no solamente en la obra pública. Las PPP no reemplazan este valor, complementan la inversión del Estado”, añadió. Y concluyó: “Estamos todos muy preocupados. Veremos cómo se desarrolla todo en las próximas reuniones”.
