El Secretario General de la Federación de Obreros y Empleados del Papel, José Ramón Luque, criticó severamente a parte del empresariado papelero argentino, refiriéndose a “aquellos que durante años no invirtieron en el mantenimiento y modernización de la capacidad productiva de sus establecimientos y, como consecuencia, a través de diferentes maniobras dirigidas a eludir toda responsabilidad, cierran sus fábricas, perjudicando gravemente a los trabajadores, quienes se encuentran de un día para otro con la pérdida de su fuente de ingresos y de su cobertura de salud, y viendo peligrar la posibilidad de acceder a una jubilación”.
Como ejemplo de sus declaraciones, destacó los casos de dos empresas dedicadas a la fabricación de papel, radicadas en el conurbano bonaerense. Se trata de ANSABO S.A. (Quilmes) y PAPELERA LA HÉLICE S.A. (San Fernando). Ambas cerraron sus puertas recientemente, dejando a un total de casi 200 trabajadores en la calle.
“Ante el cierre intempestivo de ANSABO S.A. y PAPELERA LA HÉLICE S.A., violando sistemáticamente la legislación laboral vigente” agregó que, “la Federación del Papel exige la inmediata reincorporación de todos los compañeros cesanteados a sus puestos habituales de trabajo”. “Que los empresarios hagan las inversiones que debieron hacer en su momento, y devuelvan sus empleos a los trabajadores”. El Secretario General de la Federación del Papel también resaltó que “una proporción considerable de estos compañeros tiene 30 o más años de antigüedad y muy escasas posibilidades de lograr reinsertarse en el mercado laboral”.
En otro orden de cosas afirmó, “es ridículo plantearse siquiera que, si en estas empresas los trabajadores hubieran estado flexibilizados, eso hubiera alcanzado para paliar medio siglo de ausencia de inversiones y se hubiera evitado el cierre”, en clara alusión a la reforma laboral que impulsan el Gobierno nacional y distintas agrupaciones empresarias, que argumentan que flexibilizar las relaciones laborales serviría para solucionar los problemas de productividad y empleo que padece el país.
Además recalcó: “cuando cierra una empresa en estas condiciones, queda una deuda prácticamente incobrable para la obra social del trabajador, porque la legislación actual no equipara la obligatoriedad, y sobre todo las penalidades aplicables a los responsables, respecto de los aportes a la cobertura solidaria de salud con las que sí tienen aquellos destinados al sistema estatal de seguridad social”.
Volviendo sobre la forma en que se producen los cierres, manifestó que “existe la imperiosa necesidad de crear una figura legal por la que los empresarios se vean obligados a reinvertir parte de sus ganancias, de manera tal que se garantice la continuidad en el tiempo de la producción y los puestos de trabajo. En Argentina debemos terminar con los concursos y quiebras fraudulentas, concretados mediante viles manipulaciones. Una ley que se refiera con claridad y dureza sobre estas cuestiones puede ser un comienzo para revertir este tipo de prácticas, de las que resultan como únicos perjudicados los trabajadores”.
Para finalizar, el máximo dirigente del gremio papelero advirtió que “hay otras empresas de nuestra actividad, en especial, en el sector de cartón corrugado, que corren serio riesgo de transitar el mismo camino que las antes mencionadas, si no se aplica al empresariado una regulación que los responsabilice por el costo social que generan sus decisiones”
Comentarios