En medio del conflicto aéreo comercial, producido a partir que el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, avanzara con el otorgamiento de nuevas rutas a las empresas denominadas ‘low cost’, y luego que los sindicatos del sector protagonizaran masivas asambleas de trabajadores, tanto en la terminal de Ezeiza como en la de Aeroparque; el cruce de descalificaciones y acusaciones creció con denuncias por “irresponsabilidades en el funcionamiento del servicio y el peligro de colapso del espacio aéreo”, mientras el Ministerio desmintió a los dirigentes sindicales al afirmar que “la llegada de nuevas aerolíneas generará más puestos de empleo”.
Ricardo Cirielli, Secretario General de la Asociación Personal de Técnicos Aeronáuticos (APTA), le respondió a Dietrich definiéndolo como “un buen titulador de noticias, basadas en mentiras”. “El ministro” –resaltó- “pretende demonizar la actividad sindical, para traer al país empresas que no sólo se niegan a respetar los convenios colectivos y rechazan las normativas de relaciones laborales vigentes, sino que se encuentran flojas de papeles o con titulares de compañías con curriculums claramente cuestionables, que de operar en nuestro país acrecentarán la situación de colapso e inseguridad en el que se encuentra todo el sistema de seguridad aérea”.
El titular de APTA, también menciono la investigación que lleva adelante el juez Torres “por denuncias de tráfico de influencias e incompatibilidad de funciones en beneficio del grupo Macri”. Al mismo tiempo planteo “como necesario analizar la procedencia del dinero de estas empresas, de las cuales muchas carecen de experiencias o son sociedades recientes que al dárseles sin demasiados requisitos el derecho a volar, aumentan rápidamente su valor accionario, sin que tampoco quede claro qué tipo de inversiones reales van a realizar”.
“Hoy se hace necesario investigar el origen de los fondos, para desestimar que provengan de algún tipo de actividad ilegal” –agregó-, “para lo cual también se debe tener en cuenta el historial y la experiencia de estas empresas en otros países, porque no puede pasar como en la desregulación del servicio realizado durante el gobierno de Menem, donde LAPA, ni ninguna de las empresas beneficiadas, está operando en la actualidad”.
En este sentido Cirielli también dijo “no comprender por qué no se instrumentan las medidas básicas para terminar con las falencias en las comunicaciones entre pilotos y controladores y se mejoran las frecuencias para comunicaciones alternativas, poniéndole fin a las intermitentes fallas en los radares, los cortes de energías y el deterioro de las radio ayudas para la navegación¨.
Como ejemplo de estas falencias recordó lo sucedido con la desaparición y búsqueda del avión Mitsubishi que cayó en el Paraná Guazú, hallado luego de 26 días de búsqueda, caso en el que el Juzgado de San Isidro a cargo de Arroyo Salgado, reconoció a APTA como “colaborador testimonial confiable”, a fin de ayudar a la justicia en la investigación de esta reciente tragedia aérea.
