El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense que conduce Julio Alak desmintió que esté en estudio la liberación de detenidos en las unidades penitenciarias bonaerenses ante la superpoblación carcelaria, desestimando a la Comisión Provincial de la Memoria, que había elevado dicha propuesta para resolver el problema que afecta a tantas cárceles.
“La mesa interinstitucional de diálogo nunca analizó medidas de excarcelación a las penas establecidas por el Poder Judicial”, manifestó la cartera de Justicia en un comunicado. También recordó que “a 19 días hábiles de la gestión que se normalizó la provisión de alimentos, de medicamentos y se pudo crear la mesa ejecutiva con la función de aliviar la crisis penitenciaria, que tiene una superpoblación del 110%».
Detallaron, además, que el próximo 5 de febrero una representación de la mesa comenzará a visitar unidades penitenciarias, “para ver la realidad edilicia y escuchar y atender a los internos y familiares de detenidos”.
La polémica se produjo a raíz de una declaración de Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y seguridad democrática de la CPM, un ente autárquico y autónomo, quien aseguró que «entre 10.000 y 15.000 sería el número que se reconoce que estaría en condiciones de tener que salir» de las cárceles bonaerenses.
Para Pomares, la política a seguir debe ser «racionalizar el sistema» y manifestó que «el uso de la privacidad preventiva es exacerbado y y es algo que viene generando condenas de distintos organismos internacionales. Hoy el 50% de las personas que están en el sistema están con presión preventiva. Son inocentes que están en el sistema carcelario».
Luego, propuso que exista una reducción de penas a condenados por ciertos delitos, de forma de excarcelar a madres con hijos, personas de 60 años que hayan cumplido la mayoría de la condena o presos sin sentencia firme que cometieron delitos menores.
