A través de un decreto, el Gobierno nacional modificó la ley de Inteligencia y recortó el margen de acción de la AFI. «Ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal», sostiene la disposición de la Casa Rosada.
Para el Frente de Todos, «corresponde limitar de forma urgente ese resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, franqueando la participación de aquéllos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia».
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También se determinó, con el DNU N°52/19 que da cuenta de la «intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)» y la «derogación» del Decreto N° 656 del 6 de mayo de 2016″, por el cual el gobierno de Mauricio Macri había eliminado el régimen que obligaba a darle transparencia al manejo de fondos de ese organismo, que ese decreto de Macri «implicó un retroceso institucional en materia de democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional regido por la Ley N° 25.520 y, en especial, su modificatoria N° 27.126».
Asimismo, Fernández indicó que la derogación del decreto firmado por Macri «tuvo por objeto promover avances respecto de la protección de derechos constitucionales y convencionales de los habitantes de la Nación, el resguardo del Estado de Derecho y el principio republicano de gobierno consagrados en la Constitución Nacional».
Por eso, la nueva administración estableció que «ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal».
