Este viernes Gobierno Nacional envió al Senado el pliego del actual juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, a cargo de una las causas más resonantes del país que investiga el espionaje ilegal durante la administración de Mauricio Macri, para ocupar el Juzgado Federal 1 de La Plata, que además de entender en material penal tiene competencia electoral sobre la provincia de Buenos Aires, el distrito numéricamente más importante del país que es un factor clave para cualquier elección.
El Juzgado Electoral, que tiene potestad sobre la designación de listas, los pedidos de impugnación y las investigaciones por posibles fraudes en los comicios, se encuentra vacante desde la muerte del juez Manuel Humberto Blanco en 2014. En la actualidad es ocupado provisionalmente por la jueza María Servini.
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En la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, en 2019 Ramos Padilla quedó en primer lugar en la orden de mérito para cubrir ese cargo, pero su nombramiento fue resistido por el macrismo, que lo consideraba un juez enemigo de sus intereses. El propio ex presidente Mauricio Macri sostuvo presentó una denuncia contra el magistrado después de que éste avanzara con a investigación sobre el espionaje ilegal, por la que fue detenido el falso abogado Marcelo D´Alessio y se expusieron numerosos delitos derivados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que dirigía el amigo personal del ex presidente, Gustavo Arribas.
En aquél momento Macri manifestó: “Hemos hecho una denuncia para el juicio político. Creemos que no es un juez que actúe con ecuanimidad, que se prestó a un show mediático político y no contribuye. No es la primera vez, Ramos Padilla ya ha hecho varias así que espero que el Consejo con todas las pruebas que hay evalúe seriamente si destituirlo”.
En octubre pasado, Ramos Padilla avanzó en la causa por espionaje ilegal y extorsión ampliando el procesamiento a D´Alessio, al fiscal federal porteño Carlos Stornelli y al periodista de Clarín Daniel Santoro, disponiendo el inicio de los trámites para pasar al juicio oral. El fallo de 1125 páginas acusa a Stornelli de coautor de tentativa de extorsión cometida “en el marco de una asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal”, en violación a la Ley de Inteligencia, ordenándole la entrega de su pasaporte y fijándole una caución real por diez millones de pesos.
