La situación crítica que atraviesa Santa Cruz llevó a la gobernadora de esa provincia, Alicia Kirchner, a reclamarle al Gobierno nacional los 210 millones de pesos que le debe por el refinanciamiento de créditos pasados.
Los problemas están diseminados en varios frentes. En principio, existe un atraso de sueldos a trabajadores estatales y jubilados. Luego, aparecen en conflicto los empleados judiciales, quienes comenzaron en la última semana a tomar medidas de fuerza ante la promesa incumplida de un aumento en la paritaria.
Y, por último, los trabajadores organizados en Adosac, el gremio docente que tiene tomada la cartera de Economía y que todavía no pisó en 2017 un aula para dar clases. La gobernadora admitió en conferencia de prensa que “la provincia está quebrada; esto no quiere decir que no se pueda salir, pero no es una situación mágica que se salga de un día para el otro”. Desde el Gobierno nacional le prometieron ayuda pero, todavía, no hay certezas de la aparición de los fondos que Kirchner reclama.
Los números que muestra Santa Cruz explican la crítica situación económica: en regalías petroleras se estima para este año una pérdida de 702 millones si el precio del barril en el mercado internacional cae un 28%, a 47 dólares. En la obra pública nacional hay una disminución del 86% en lo presupuestado. La disminución de producción de crudo y la suspensión de la obra pública del año pasado fueron las principales responsables de la caída de la actividad económica en un 10%, que impacta en una baja del 9% en la coparticipación federal y también en lo que reciben los municipios. La quita de los reembolsos en puertos patagónicos conllevará una disminución de 346 millones en ingresos provinciales.
La suspensión de las obras de las represas hidroeléctricas y la Usina Río Turbio detuvo una inversión total de 23.500 millones de pesos.
