Este jueves se llevaron adelante los allanamientos a las propiedades de la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, con el aval unánime del Senado, en el marco de la causa que investiga los cuadernos del chofer arrepentido Oscar Centeno. Hubo pequeños choques entre sectores que apoyan a la funcionaria y los que la repudiaban en Buenos Aires y en redes explotó la polémica por la militancia en Cambiemos de los testigos elegidos para el allanamiento en Río Gallegos.
El primer operativo en comenzar fue el del departamento del barrio porteño de Recoleta, que también fue el más extenso. Poco después del mediodía y en el marco de un impresionante operativo de seguridad, ingresaron las fuerzas policiales al departamento de Uruguay y Juncal, señalado por Centeno como destino habitual de los bolsos con dinero. Carlos Beraldi, abogado de la ex presidenta, fue quien abrió la puerta de la vivienda a las fuerzas policiales, pero fue inmediatamente desalojado por orden del juez, lo que fue denunciando como una maniobra ilegal y arbitraria. Beraldi anticipó que pedirán la nulidad de lo actuado y presentarán un pedido de juicio político contra Bonadío.
El allanamiento de Recoleta, lejos de ser una mera constatación visual del orden del departamento para confirmar si se condice con las declaraciones de testigos, se prolongó por casi 12 horas y por la casa circularon peritos de todo tipo, incluyendo perros entrenados para olfatear dinero. Aún no trascendieron los detalles de las pericias realizadas.
En la calle, manifestantes kirchneristas se fueron convocando para expresar su apoyo a la actual senadora, y se registraron algunos cruces, insultos y empujones con detractores que también se acercaron a presenciar el operativo.
En la vivienda de Cristina de Río Gallegos el operativo comenzó a las 14.43 con la llegada de tres móviles policiales que ingresaron al inmueble en la calle Mascarello 443, esquina Comodoro Py, junto a los dos testigos que formaron parte del procedimiento. El allanamiento terminó a las 19. En este caso, llos encargados de habilitar el acceso al operativo fueron el diputado provincial Matías Bezi y el abogado local Daniel Cabezas.
El operativo en esta propiedad de 892,8 metros cuadrados, ubicada en la costanera de Río Gallegos, contó con la particularidad de que dos testigos seleccionados por la Policía para certificar el operativo fueron identificados como militantes de Cambiemos. Se trata de Enrique Máximo Bavera Heesch y Lucila Hernández, integrantes de Jubilados Unidos, una agrupación oficialista, y están directamente vinculados con el senador nacional de Cambiemos y ex candidato a gobernador de Santa Cruz Eduardo Costa.
La propiedad de el Calafate será allanada este viernes, con un operativo a cargo del mismo personal que llevó adelante el procedimiento en la capital santacruceña.
