La Justicia autorizó nueve allanamientos en las sedes del sindicato de Camioneros en el marco de la causa que investiga una asociación ilícita por parte de la familia Moyano en el club Independiente. En total, los procedimientos se realizaron en dos dependencias de la provincia de Buenos Aires y en siete ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según los dispuso el juzgado de garantías Nro 9 de Lomas de Zamora.
«No tenemos nada que esconder», afirmaron Hugo y Pablo Moyano presentes en la sede de la calle San José, en el barrio porteño de Constitución. Así, permitieron la entrada al sindicato a 150 efectivos de Gendarmería participantes del operativo. Según fuentes judiciales, los efectivos de seguridad buscaron documentación relacionada a la causa. En ese marco, Pablo Moyano habló con C5N y aseguró que «si voy en cana yo, si va en cana Hugo, acá hay miles de camioneros que van a salir de defender a los trabajadores».
«No sabemos en búsqueda de qué, esto es producto del parazo general y de los miles de argentinos que fueron a comer, demostramos el hambre que hay, y la ministra Patricia Bullrich responde con este allanamiento circense, porque interrumpieron la atención médica de mujeres embarazadas. Es una payasada, con esto no nos van a asustar ni vamos a salir corriendo a firmar la reforma laboral», agregó.
Para Pablo Moyano, «el paro fue contundente en todo el país»
Estos allanamientos se llevan adelante en el contexto del expediente que se inició con la declaración del barrabrava Pablo «Bebote» Alvarez, quien acusó a Pablo Moyano de defraudar al club de Avellaneda, que preside Hugo Moyano, a través de la reventa masiva de entradas. La principal pesquisa del caso es impulsada por el fiscal Sebastián Scalera, quien ya, en varias oportunidades, solicitó la detención del secretario general de Camioneros.
El operativo efectuado por Gendarmería fue ordenado por la Jueza en lo correccional de Lomas de Zamora, Brenda Madrid, que subroga en el juzgado correccional 7 de Avellaneda. En ocasiones anteriores, los magistrados Carzoglio y María del Carmen Mollon habían denegado el pedido del fiscal Scalera.
