El fiscal general ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe dictaminó que hay que anular el procesamiento del ex presidente Mauricio Macri en la causa en la que se investiga el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.
Según el documento el Ministerio Público sostuvo que el juez de Dolores que instruyó el caso, Martín Bava, al momento de la indagatoria no informó “acabadamente los hechos imputados y las pruebas existentes” en contra del ex mandatario, situación que le impidió ejercer su derecho de defensa.
“Luego de cotejadas las actuaciones, advierto que en el presente caso se incurre en una vulneración del principio de congruencia que afecta insoslayablemente el ejercicio de derecho de defensa en juicio (art. 18 Constitución Nacional)”, sostuvo la fiscalía, que se pronunció a raíz de los planteos de nulidad formulados por el abogado Pablo Lanusse, defensor de Macri. Según dijo el fiscal, el procesamiento se debería anular y ordenar una nueva indagatoria para informarle de los hechos correctamente.
Tras analizar las actas de la indagatoria y el procesamiento, el Ministerio Público dictaminó: “No nos enfrentamos en el auto de procesamiento cuestionado con una mera descripción de los acontecimientos en otros términos pero referidos a los mismos hechos enrostrados, sino que se advierte con claridad que en el resolutorio impugnado se incurrió en una ampliación de la plataforma fáctica no impuesta previamente al encartado y sobre lo cual no pudo formular su respectivo descargo, lo que de por sí acarrea la nulidad del último acto por violentar el derecho de defensa en juicio mencionado al inicio de esta presentación”.
Posteriormente agregó que, según aseguró el imputado, “en el acto de la declaración indagatoria no le fue impuesta la prueba existente en su contra, sino un listado completo de todos los actos procesales sustanciados, extremo éste que también obtura la posibilidad de rebatir la prueba existente en su contra”.
Mientras tanto el dictamen será evaluado por los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes deben revisar las decisiones adoptadas por el ex juez de Dolores Alejo Ramos Padilla y su reemplazante Martín Bava.
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Asimismo, la semana pasada los magistrados escucharon a los familiares de las víctimas que pidieron ratificar el procesamiento y mandar a Macri a juicio oral. También recibieron el pedido de la defensa del ex jefe de Estado para que se dicte su sobreseimiento. Quedó pendiente, además, un pronunciamiento sobre los procesamientos dictados sobre ex funcionarios de la AFI.
La causa
Se trata de la acusación a Mauricio Macri por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno”. El hundimiento del ARA San Juan, en el que murieron 44 personas, ocurrió en noviembre de 2017. Los seguimientos se habrían dado entre diciembre de 2017 y finales del 2018. Se trata puntualmente de seis hechos. La causa se inició por la denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño.
El caso se tramitó en la justicia federal de Dolores hasta que a fines del 2021 la Cámara Federal de Casación Penal decidió que el caso D’Alessio tramitara en Comodoro Py. Como fue ese expediente el que permitió anclar en Dolores las investigaciones sobre las bases AMBA y el ARA San Juan, cuando el caso D’Alessio pasó a los tribunales de Retiro, arrastró obligadamente a los otros dos. Ahora, la Cámara Federal porteña deberá analizar el expediente.
En ese marco, el fiscal ante la Cámara Federal promovió la nulidad del procesamiento porque, según sostuvo, a Macri “en el acto de indagatoria le fue achacado un acontecimiento de determinada extensión” pero fue procesado por un hecho “de mayor alcance sin que se le haya ampliado previamente la declaración sobre tales hechos a los efectos de que pueda ejercer cabalmente su defensa”.
